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Oscar A. Fernández O.
Los gobiernos de ARENA, viagra precursores del intento de destruir el Estado y su papel social, tadalafil a través de las privatizaciones y las “políticas de ajuste”, view ahora claman por endurecer el modelo debido aparentemente a la urgencia de reducir el déficit y la deuda pública ante la presión de los mercados financieros. Según nos dicen, estas políticas persiguen, en el corto plazo, privilegiar la reducción de los desequilibrios fiscales y disminuir el déficit público, mientras los poderes económicos a quienes sirven, continúan evadiendo al fisco e impulsando contravenciones que a todas luces dañan el patrimonio del pueblo, como el contrabando, el lavado de dinero, la conspiración para desfinanciar el país, entre otros.
Además de demostrar a los mercados financieros, que las cuentas públicas priorizan el pago de la deuda por encima de todo, las medidas de ajuste fiscal van más allá de estos efectos inminentes y tienen graves consecuencias para el bienestar de las clases populares. Configuran un escenario económico y político que determinará el desarrollo futuro del capitalismo pos neoliberal. Intentan con sus “amigos” de la Sala de lo Constitucional, modificar el marco institucional, conformado por derechos y regulaciones que delimitan el comportamiento de los capitales y la separación entre lo público y lo privado. Con la excusa de la deuda, los ricos y los súper ricos, tratan de apretar al Gobierno, para reconfigurar el futuro del capitalismo, actualmente en serios apuros.
Entre otras políticas, haciendo caso al fundamentalismo neoliberal de las instituciones internacionales, la ANEP y sus lobbies se han lanzado a liberalizar, privatizar y desmantelar el Estado, mientras el gobernante FMLN intenta lo contrario, rehabilitarlo y fortalecerlo en función de paliar los problemas de extrema pobreza y marginación propiciados por el “libre mercado” y demás desmanes cometidos por la ultraderecha en sus gobiernos.
En las sociedades capitalistas, en la actividad económica y en la reproducción social de las personas confluyen el sector público –Estado– y el sector privado –mercado- La dimensión y el papel de cada uno de estos ámbitos dependen del desarrollo histórico y son fruto de múltiples pujanzas. El sector público y el privado plantean maneras diferentes de acceso a los servicios y bienes. La lógica privada es la mercantil, producir mercancías para venderlas y que los capitalistas obtengan un beneficio. La lógica pública se basa, por el contrario, en la solidaridad y la universalidad en el acceso a los bienes y servicios. Lo que, en principio, no conduce a obtener beneficios directos por dichos servicios.
Como en el capitalismo, la producción y distribución de los recursos obedece a la lógica del máximo beneficio para el capital, se procura la mercantilización al máximo de todos los aspectos de la vida de las personas. En este sistema, las conquistas sociales, la provisión de servicios públicos no comerciales, van a tener siempre un carácter muy limitado.
Las privatizaciones persiguen objetivos diversos y se llevan a cabo de maneras diferentes. En todas ellas, el sector privado se refuerza en dos terrenos: el material, porque se apropia de las riquezas materiales, y el del poder, porque imponen una disciplina al comportamiento de las personas sometiéndolas, aún más, a la lógica mercantil, destruyendo la solidaridad.
El neoliberalismo ha presupuesto la retirada del Estado en la garantía de muchos derechos sociales versus la expansión del mercado. Por cuestión de espacio, no podemos aquí explicar el desarrollo del proceso privatizador, pero vale la pena señalar que las áreas en que el viejo sector público ha ido abandonado su participación en favor de la iniciativa privada son diversas: la actividad económica directa como productor (privatización de las empresas productivas y agrícolas), la provisión de servicios públicos básicos (luz, energía, comunicaciones y hoy que pretenden hacerlo con el agua) y los servicios de pensiones, las cuales fueron entregadas a los monopolios financieros de la oligarquía.
De acuerdo al pensamiento ultraconservador (ARENA) el Estado, debe realizar una función de “redistribución” invirtiendo el flujo del reparto, y en vez de apoyar el desarrollo social, con la privatización, y los recortes sociales, estará transfiriendo más riqueza y más poder a los poderosos, a la vez que intensifica la represión contra las poblaciones y el control social. A esto agreguemos que las poderosas empresas de la oligarquía, pretenden que no se les cobre impuestos, para que haya “estímulo a la inversión y al crecimiento económico”, que como hemos comprobado son inversamente proporcionales en este agotado modelo, al progreso social, bajo el lema “Todo lo que arroje ganancias debe ser privado y lo que provoque pérdidas debe ser público”
De esta forma, los capitales financieros presionaron para privatizar sus sistemas de pensiones. La razón de fondo de la transformación de lo público a lo privado, no es ninguna necesidad real, sino los intereses y el poder de hacer presión de los grandes inversores privados institucionales. Privatizar los servicios sociales les proporciona millones de aportaciones de seguros privados (fondos de pensiones) para invertir en los mercados financieros y ganar dinero con ellos, sin importar que nos hayan llevado a una crisis.
Un defensor de la privatización de las pensiones en Chile (bajo el régimen de Pinochet) proclama en su análisis de beneficios, esta alucinación “La privatización permite una seguridad financiera en la vejez. Por ejemplo, las pensiones bajo el sistema privado en Chile son del 50 al 100 por ciento más altas que bajo el viejo sistema. Así, una de las mejores razones para privatizar la seguridad social es que contribuye a reducir la pobreza entre los ancianos” (sic!).
Que los fondos acumulados en los sistemas públicos de pensiones constituyen uno de los principales objetivos al que tratan de acceder a toda costa los bancos no es ninguna novedad. De hecho, en la agotada Europa, los estudios que tratan de demostrar la inviabilidad financiera de los sistemas públicos de pensiones para justificar con ello su transferencia al sistema privado, son tan numerosos como erróneos suelen ser sus diagnósticos.
Es más, en algunos países –como, por ejemplo, España- ya se ha conseguido que los gobernantes asuman como acertado ese pronóstico y, si no avanzan más hacia la privatización del sistema, es porque son conscientes de la impopularidad de la medida y, consecuentemente, del rechazo social al que se enfrentan.
Tampoco es ninguna novedad que los procesos de privatización de los sistemas públicos de pensiones encontraron un terreno abonado para su implementación en América Latina durante las décadas de los ochenta y noventa. Estos procesos estuvieron avalados desde sus inicios por el Banco Mundial que los convirtió en una de las “condiciones” necesarias para otorgar financiación a los países que se la demandaban. Allí acudieron como aves carroñeras las principales entidades financieras.
De esta forma, y es aquí donde se encuentra el quid de la cuestión, la supuesta crisis que aquellas reformas de Cristiani y Compañía vinieron a “prevenir”, ha mutado su naturaleza. Si entonces fue una crisis financiera cuya posibilidad era invocada por los grandes bancos y refrendada por el Banco Mundial; la próxima será una crisis social de grandes magnitudes que afectará, como siempre, a los más pobres entre los pobres.
Lo que nos parece cuasi-delictivo, es que ARENA esté interesado en que esto suceda para provocar un caos, que según sus cálculos, invalidará para siempre al FMLN como gobierno. El brutal impacto social que esto provocará, como suele decirse, “solo serán daños colaterales” probablemente ya calculados por la oligarquía fascista.
