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@RosmeriAlfaro
La Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas, ante el caso de trata de personas en la que se vio involucrado el presentador de televisión Maximiliano González (el gordo Max) y el empresario José Denis Regalado, pidió a la Fiscalía General de la República la creación de una Política de Persecución Penal en materia de violencia contra las mujeres.
En un conversatorio, Las Dignas señaló la trata de personas como una forma de esclavitud y un delito de lesa humanidad que debe ser perseguido por la justicia, no solo por constituir una práctica de explotación humana, sino por ser una forma de violencia contra las mujeres, en este caso violencia sexual perpetrada contra niñas y adolescentes. La Ley contra la Trata de Personas define como actos de explotación sexual todas aquellas acciones que inducen u obligan a una persona a realizar actos sexuales o eróticos, con el fin de obtener un beneficio económico para si, o un tercero.
Al delito de trata de personas, al “gordo Max”, se suma el del estupro por prevalimiento. Las investigaciones indican que los hechos ocurrieron entre los años 2008 al 2012 en perjuicio de una menor, quien al momento de comenzar a ser utilizada sexualmente tenía 13 años de edad.
En este caso se vincularon a cuatro tratantes, quienes pagaron diferentes cantidades de dinero para sostener relaciones sexuales con la víctima, a pesar que conocían que era menor de edad. De acuerdo con María Teresa de Mejía, especialista en Protección, de UNICEF El Salvador, los Estados están obligados a garantizar los derechos de las mujeres y las niñas en los ámbitos legislativos presupuestarios. Asimismo, deben crear medidas especiales, modificar los patrones socioculturales de discriminación, prevenirlos y sancionarlos.
“Tenemos que buscar alternativas para modificar esas normas y consecuencias de la costumbre popular para involucrar el enfoque de derecho”, señaló en el conversatorio.
Con el fin de evitar promover la tolerancia hacia casos de violencia contra las mujeres, Las Dignas pidió a la Policía Nacional Civil cuidar el lenguaje utilizado al emitir declaraciones públicas a medios de comunicación.
De igual forma pidió a la sociedad civil y a las diversas organizaciones de defensa para los derechos humanos de las mujeres, a mantenerse vigilantes a este y otros procesos judiciales a fin de ejercer contaloría social.
