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Alberto Romero de Urbiztondo
La diputada Lorena Peña presentó el día 11 de octubre una propuesta de reformas a la actual legislación penalizadora del aborto existente en nuestro país, daba así respuesta a una demanda que, desde hace años, realizaban las organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos; la reforma propone que la interrupción del embarazo no sea punible en cuatro causales claramente definidas.
Al ser presentada en la Asamblea Legislativa hemos visto a diputadas y diputados oponiéndose a ella, sin siquiera analizarla o discutirla, basándose solo en sus creencias y posiciones morales personales que consideran dogmas inamovibles y las únicas válidas para el conjunto de la sociedad. Es cierto que, respecto a la interrupción del embarazo, existen opiniones y posiciones diversas, pero las personas, organizaciones y profesionales de la medicina y del derecho que han señalado las graves consecuencias de la aplicación de la legislación actual, han estado silenciadas y censuradas en la mayoría de medios de comunicación y en las propias instituciones, y solo se ha dado oportunidad de divulgar los mensajes y opiniones a los grupos contrarios a cualquier tipo de regulación del aborto y a sectores religiosos que lo condenan y estigmatizan.
Pensamos que las instancias del Estado deben abordar esta propuesta de regulación a partir del conocimiento y análisis de las razones de salud pública, derechos de la paciente, garantías jurídicas para los profesionales de la medicina, así como por el daño e impacto en las niñas, adolescentes y mujeres adultas que afrontan un embarazo producto de un delito de violación.
Los diputados y funcionarios públicos no deben imponer a toda la sociedad sus creencias y pensamientos personales. Un ejemplo de cómo debe actuar un gobernante fue la del presidente francés, Válery Giscard d’Estaing, que en 1975, cuando fue cuestionado por el papa Juan Pablo II por haber aprobado en Francia la despenalización del aborto, le contestó: “Yo soy católico, pero soy Presidente de la República de un Estado laico. No puedo imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos. Como católico estoy contra el aborto; pero como presidente de los franceses considero necesaria su despenalización.”
