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Rigoberto Palma
En las últimas semanas de la campaña electoral, cure ARENA se dedicó a falsear la realidad de Venezuela para hacerle creer a la población que en ese país hay hambruna y un gobierno represivo. Como el FMLN es amigo del gobierno de Venezuela, pills los dirigentes de ARENA creen que difamando a ese país lograrán restarle votos al Frente.
La derecha mundial, ask de la que ARENA es parte, tiene 15 años diciendo que en Venezuela no hay democracia ni libertad de expresión. Para la derecha, que no concibe el poder popular, la democracia se limita a hacer elecciones que ganan sus partidos y la libertad de expresión es tolerar a ciertos grupos de oposición. Y resulta que en Venezuela, donde gobierna la izquierda, se han realizado 19 elecciones en 15 años y hay 19 partidos de derecha agrupados en la Mesa de Unidad. Esos partidos tienen 65 representantes en el Congreso (de un total de 165), 3 gobernadores elegidos por el pueblo y miles de representante en los consejos municipales. También tienen el respaldo de la prensa de la oligarquía, que controla el 80% de los periódicos de circulación nacional, el 80% de las frecuencias de radio y casi la mitad de los canales de televisión.
Si hay un país donde a la derecha le sobran los partidos y los medios de comunicación es Venezuela. Es tanta su posibilidad de actuar en política, que la Constitución surgida de la revolución (y aprobada por la población) le permite hacer referéndums revocatorios para intentar destituir a las personas electas cuando vayan a mitad de su período, mecanismo de participación que no existía cuando ella gobernaba y que no existe en el mundo capitalista. Y a pesar de tantos espacios políticos y de los enormes recursos y medios con que cuenta, la derecha venezolana ha perdido 18 de las 19 elecciones realizadas durante la revolución. Pero como ella no acepta sus derrotas, dice que en Venezuela no hay democracia, o sea, que lo que decide el pueblo no vale, a no ser que el pueblo decida a su favor.
Tras acumular tantos reveses electorales, la derecha venezolana, o una parte de ella, la más furibunda, perdió la serenidad y lanzó a sus bases a las calles para hacer desórdenes. Durante tres semanas, jóvenes de capas medias e incluso hijos de ricos de los municipios del este del Distrito Metropolitano de Caracas (conformado por cinco municipios), obstruyeron el tránsito, apedrearon autobuses privados, atacaron oficinas públicas y quemaron llantas y basura. No piden mejoría en sus condiciones de vida, pues eso no lo necesitan, sino que el gobierno renuncie. O sea, piden que las personas elegidas por el pueblo abandonen sus cargos, no por medio de referéndum, como establece la Constitución que la derecha dice respetar, sino por acción voluntaria y para satisfacer un capricho de las familias pudientes.
Los medios de prensa de la derecha mundial muestran las acciones de la oposición venezolana como si se tratara de una rebelión nacional, cuando las mismas de concentran en puntos específicos de siete de los 23 estados del país y en algunas zonas del este del Distrito Metropolitano de Caracas, donde vive el 35% de la población, aunque la mayoría es contraria al gobierno. En el norte, el centro, el oeste y la mayor parte del sur no hubo desórdenes. Y ahí vive el 65% de la población del Distrito Metropolitano.
Cuando se desataron los hechos violentos de la oposición, la policía, en un hecho todavía confuso, disparó y mató a dos personas. El gobierno destituyó al Jefe de la Policía y a decenas de sus miembros e inició una investigación sobre lo ocurrido. Las personas fallecidas, 15 en total, no fueron víctimas de las acciones del gobierno, sino de la oposición. Varias de esas personas que murieron eran partidarias del gobierno. Además, el gobierno, si bien trató de poner orden como es su responsabilidad, no arremetió contra la gente opositora y le pidió a quienes lo respaldan que realizaran actividades artísticas en las plazas y parques, para aislar a los revoltosos de la derecha. Todavía se mantienen algunas pequeñas barricadas en algunas colonias de ricos y sectores medios, sin que la policía haga nada para desactivarlas. Porque si algo quiere la derecha es que el gobierno haga una matanza, para justificar sus consignas y debilitar al gobierno en el exterior.
Pero la derecha mundial ha montado una campaña contra la revolución con una lógica arrevesada. Por un lado, intenta hacer creer que Venezuela está al borde de una guerra civil y al mismo tiempo habla de falta de libertades en un país donde quienes odian al gobierno tienen las herramientas legales para hacerle oposición y hasta desplazarlo por la vía electoral a mitad de período, si logran la aceptación de la mayoría de la población.
Ni una cosa ni la otra son reales. Quienes han destruido bienes públicos y privados y obstruido la movilidad de personas hacia sus centros de trabajo y hacia sus hogares, no representan ni siquiera a la mayoría de la oposición, es decir, no son mayoría ni en la minoría. La posible guerra civil en Venezuela solo está en la cabeza de los medios de prensa de Europa, Estados Unidos y otras naciones donde la mayoría de las personas solo lee y escucha lo que le dicen los medios de derecha. En segundo lugar, las propias protestas y la impunidad con que actúan los sectores acomodados, muestran que en Venezuela no solo hay libertad para expresarse, sino que la oposición se extralimita cobardemente, pues sabe que el gobierno la tolera para evitar que se acreciente la campaña de descrédito en el exterior.
En cualquier país de Europa habría miles de personas apresadas por la mitad de lo que han hecho muchos de la oposición venezolana. En 15 años de revolución, Venezuela redujo la pobreza en un 60% y mejoró sustancialmente la salud y la educación del pueblo. Los avances en todos los aspectos de la vida social y política son enormes. Pero hay una oposición política dirigida por quienes perdieron privilegios y procuran retornar al poder. Y aunque la revolución les garantiza espacios de lucha en el marco de la Constitución, parece que ya no aguantan más reveses electorales y decidieron desestabilizar el país para que el gobierno no aplique las medidas fundamentales para estabilizar la economía: el control de las ganancias de los comerciantes y de las divisas generadas por el Estado a través de su empresa petrolera y devoradas por la oligarquía importadora. Para la derecha, detener esas medidas es la tarea del momento, pues acaparando bienes y creando malestar económico (no hambruna) genera malestar político. Y como no lo puede hacer por medios legales, tomó el camino de la ilegalidad.
La derecha se ha vuelto a desajustar de mala manera. Ya lo hizo en el año 2002, cuando dio el Golpe de Estado y realizó un paro petrolero y empresarial, y en el 2005, cuando no participó en las elecciones para el Congreso. Tras esos fracasos, volvió al redil de la legalidad. Pero ahora parece que la legalidad no le sirve y vuelve a sus malas andanzas. Sin embargo, como la situación nacional e internacional no le permite salirse del marco constitucional, tendrá que volver a él.
En Venezuela no está en riesgo la democracia. La mayoría de la población respalda al gobierno y rechaza la violencia de la oposición, que tiene medios para expresarse y actuar en la vida política. Es la derecha la que debe decidir si se ajusta o no al marco constitucional que se dio el pueblo. ARENA, que respalda las acciones violentas de la oposición venezolana y que perderá las elecciones del 9 de marzo, debe aclarar si será oposición legal y constructiva o si se dedicará a hacer desórdenes. Ojalá escoja el primer camino.
