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Jueves , 21 Septiembre 2017
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LA “PROVIDENCIAL” MUERTE DEL OBISPO

Alberto Romero de Urbiztondo

El 28 de agosto, sales murió en Roma Josef Wesolowski, malady obispo de origen polaco que fue Embajador del Vaticano en República Dominicana hasta 2013. La muerte de este hombre de 67 años no sería noticia si no fuera porque su fallecimiento impidió que se realizara el primer juicio vaticano por pederastia contra un miembro de la alta jerarquía eclesiástica.

El 11 de julio de 2015 inició el juicio en el Vaticano, pero Wesolowski no se presentó, porque había ingresado enfermo en un hospital el día anterior. Una semana después fue dado de alta, pero el juicio ya no se reanudaría más, porque un mes después el obispo murió.

Este caso inició en 2013, cuando una investigación televisiva aseguraba que Wesolowski había pagado por mantener relaciones sexuales con menores dominicanos. Antes de que retransmitieran el reportaje por la TV, informaron al Vaticano, Wesolowski fue destituido de su cargo en agosto y lo sacaron inmediatamente del país, llevándolo a un convento en Roma. A inicios de septiembre comenzaron las investigaciones y en junio de 2014 un panel disciplinario eclesiástico lo apartó del sacerdocio. Ante las graves acusaciones, y en base a información proporcionada por la Justicia dominicana, se inició su procesamiento, siendo detenido. Se encontraron en los ordenadores que manejaba, y que eran propiedad del Vaticano, 100.000 imágenes pornográficas de jóvenes de entre 13 y 17 años; parte de ellas fueron recopiladas durante el periodo que estuvo en Roma “haciendo penitencia”.

Con esta muerte se cierra el proceso. Nunca conoceremos a cuántos niños y adolescentes abusó, ni el material pornográfico que coleccionó y difundió. Si bien este juicio no se iba a realizar en dominicana, el país de las víctimas, sino en el Vaticano, parecía ser el inicio, por parte de la jerarquía católica, de asumir responsabilidades sobre los crímenes cometidos por sus representantes; pero solo ha durado 7 minutos, el tiempo de leer las acusaciones y sin la presencia del procesado. Estos gravísimos delitos quedan impunes y sin resarcimiento a las víctimas, que ven cómo se les burló el derecho a la justicia. Por eso es necesario tener Estados que garanticen la laicidad y su independencia frente al poder de las jerarquías eclesiásticas.

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