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Miércoles , 23 Agosto 2017
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La institucionalización del Estado debe continuar

@Jorge Vargas Méndez*

A menudo se lee o se escucha decir que la institucionalidad del Estado es prioridad para garantizar el avance de la democracia y la gobernabilidad. Se trata de un enunciado con el que toda persona independientemente de su signo ideológico o partidario estará de acuerdo, cheap aun cuando históricamente no todas han tenido o no tienen la posibilidad de expresarse al respecto.
En principio, la razón de ser de esa institucionalidad viene dada por la Carta Magna o Ley Fundamental, que en el Art. 1 consigna: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”. Con leves variantes el contenido de este artículo ha estado presente en todas las constituciones que ha tenido El Salvador desde 1841.
Pero sucede que los grupos que han administrado el Estado, con raras excepciones, dieron muestras claras de su compromiso por dar estricto cumplimiento al marco constitucional, que es la base de la institucionalidad, por ejemplo, en lo que respecta a “la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”. Y cuando eso ha ocurrido rápido se han dado reacciones de elite tendientes a frenar lo han calificado como “comunismo”, “década perdida”, “populismo” (como se afirmó de la Administración Saca, una razón por la cual fue expulsado de su otrora partido), y más recientemente “socialismo del siglo XXI” o “quinquenio perdido”, entre otros epítetos más, soslayando así el hecho de que el Estado tiene en la persona humana su origen y fin, y que la institucionalidad no está únicamente en función de minorías.

De ahí que la falta de institucionalidad del Estado o su fragilidad, no es algo que pueda reprochársele al gobierno actual sin correr el riesgo de connotar intereses particulares o de grupo.

Es decir, que desde su fundación el Estado no ha actuado en cumplimiento de su función reguladora, armonizadora o si se quiere mediadora. O sea, el Estado como mediador entre población y grupos de poder, entre población y mercado, entre población y medioambiente, entre población y medios de comunicación, etc., razón por la cual el orden institucional no ha funcionado o, en el mejor de los casos, lo ha hecho mínimamente, lo que permitió que con el paso del tiempo ganara mayor espacio el orden social establecido, donde la ley ha sido y es aún como la serpiente, como bien decía Monseñor Romero, que sólo muerde a quienes no tienen calzado. Dicho de otro modo: la institucionalidad del Estado ha sido sólo discurso político.
La mejor prueba de ello es que ahora en El Salvador buena parte de la población, cuando no la mayoría, parece percibir mejores beneficios actuando al margen de la ley que acatándola. Eso se debe a que nunca conoció las bondades de una convivencia social con apego a la ley y respetando el orden institucional, debido a que el Estado nunca actuó para hacerse de esa credibilidad. El escritor T.P. Mechín, por ejemplo, dejó testimonios al respecto que datan de comienzos del siglo pasado (ver su obra Burla burlando). Es más, todavía en nuestro tiempo algunas frases de viejo cuño como “pedir mordida” o “tener cuello”, son remanentes de aquella época.
De ahí que no es cierto que justamente en estos momentos el orden institucional esté en crisis como afirman algunas voces. Eso es de vieja data. Hacer caso omiso del orden institucional se convirtió en modus vivendi de millares desde hace tiempo y abarca desde altos funcionarios de gobiernos anteriores acusados de corrupción, pasando por una miríada de delincuentes comunes e integrantes de pandillas que actúan con impunidad, hasta quienes a diario manejan su vehículo en estado de ebriedad o se pasan el semáforo en rojo haciendo de las leyes respectivas letra muerta.
Pero tampoco quedan fuera la empresa o tienda que vende productos de mala calidad, la farmacia que distribuye medicamentos vencidos, el grupo empresarial que adeuda 96 millones de dólares al ISSS, la banca que aprovechándose de argucias legales impone al público usuario abusivos recargos mensuales e incluso el medio de comunicación que, en vez de informar con objetividad, hace propaganda electoral para beneficiar al partido político con el que se identifica. ¿Se da cuenta amiga o amigo lector que actuar al margen de la ley y del orden institucional parece epidemia?
De ahí que la falta de institucionalidad del Estado o su fragilidad, no es algo que pueda reprochársele al gobierno actual sin correr el riesgo de connotar intereses particulares o de grupo. Las raíces de los males actuales se encuentran en el pasado y ponen en tela de juicio al mismo Estado o, mejor dicho, a quienes lo administraron. Por eso es importante apostarle a su perfectibilidad y además, si en realidad se quiere avanzar hacia el futuro con visión de país o enfoque de nación, apostarle a un Estado que garantice medidas económicas y protecciones sociales redistributivas en beneficio de la población en general, y en especial de los segmentos más vulnerables. Así como el Estado hoy brinda apoyo a un grupo caficultor, lo hace con otro mediante el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), por ejemplo. Pero antes el Estado tenía un desempeño paternalista con respecto a la minoría dominante, esa era la función que se le dio violentando la Constitución. Ese grupo hacía uso de “papa Estado” para todo lo que protegiera su riqueza o facilitaría su acumulación.
En cambio, en el último lustro los grandes avances en la institucionalidad del Estado están orientados a beneficiar a la mayoría de la población. Así, se han aprobado leyes como: LEPINA, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, Ley de Garantías Mobiliarias, Ley de Medicamentos (que redujo el precio de medicamentos), y otras. Asimismo, la Corte de Cuentas de la República (que dejó de ser privativa de un partido político) y la Fiscalía General de la República (FGR), parecen dispuestas a cumplir con los respectivos mandatos constitucionales como nunca antes. Es obvio que muchos de estos avances son rechazados por el neoliberalismo y sus adalides. En parte, porque para hacer efectiva esa institucionalidad el Estado requerirá de mayor presupuesto, lo cual podría implicar nuevas cargas tributarias y erradicar la elusión y la evasión fiscal de algunas empresas. Sin embargo, en tanto que esos avances son de beneficio común, incluyendo al mismo empresariado, a la mayoría de la población no le queda otro camino que apoyar su profundización. Así de sencillo. Y los mejores deseos para usted en 2014.

Un comentario

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