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Iosu Perales
México es un país amigo, ailment formalmente democrático, hospital abierto a los negocios, thumb buen alumno neoliberal, siempre defendido por los medios de comunicación y gobiernos occidentales como un país aliado. Pero ocurre que este México lindo y querido está penetrado por el narcotráfico por todos sus poros institucionales y es el escenario de crímenes políticos que se suceden en un marco de impunidad, cuando no de connivencia de gobernantes, políticos y jueces.
Puedo imaginar que hubiera sucedido si la tragedia de Iguala de hace un año, donde fueron asesinados 43 estudiantes cuyos cuerpos están desaparecidos, hubiese ocurrido en otro país de América Latina que yo me sé. Se hubiera montado una campaña internacional de denuncia y de revocación de gobierno, lo que no es así para el caso de México. Todavía recuerdo al periodista Francisco Marhuenda, repitiendo en televisión que en caso de ganar las elecciones generales Podemos él se iría a vivir a México. Opción reveladora que espero no guarde relación con la enorme corrupción que ha hecho del Estado mexicano un basurero en el que está enterrada la democracia.
Al parecer está demostrado que el líder narco de Guerreros Unidos dio orden de matar a los normalistas para “defender su territorio”. Los sicarios los interrogaron antes de asesinarles. Así fue la masacre que acabó con la vida de los 43 estudiantes y sumió al país en una grave crisis social y política. No es la primera matanza que sucede en el estado de Guerrero, ni será la última. Valga como ejemplo que entre 1970 y 1985, la policía fue responsable de la desaparición de 512 personas de las cuales hoy día se desconoce su paradero. Fue bajo la dirección de la extinta Dirección Federal de Seguridad dependiente del Gobierno Federal que policías y militares llevaron a cabo asesinatos extrajudiciales. Este dato se ha sabido por el Informe de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. Lo que hay que añadir es que hasta el día de hoy no han cesado las violaciones de los derechos humanos, siendo muestra de ello el caso de los 43 estudiantes normalistas. La exhumación de cadáveres prosigue en un goteo que no para, aun cuando son pocos los encontrados y una gran mayoría los enterrados en fosas secretas no descubiertas.
Los familiares de las víctimas de Iguala, los estudiantes en general y otros sectores de la sociedad mexicana denuncian una y otra vez al gobierno de Peña Nieto bajo la acusación de no hacer lo necesario para encontrar a los estudiantes que se supone muertos, aun cuando en las manifestaciones se grite “vivos los queremos”. Lo cierto es que se han detenido a más de cien personas, pero no a las adecuadas. Se han hecho redadas para proteger de facto a los verdaderos culpables. Como es público y notorio la policía local de Iguala detuvo a los estudiantes y los entregó a los narcos por orden del alcalde José Luis Abarca y de su esposa María de los Ángeles Pineda, ambos detenidos bajo la acusación de ser autores intelectuales de la matanza y de estar al servicio de Guerreros Unidos. El problema es que alcalde y alcaldesa no son sino soldados de un ejército narco en el que están implicados políticos y gobernantes de alto nivel, lo que hace que los familiares y quienes protestan en general tengan la mirada puesta muy arriba del entramado institucional de los estados federados, en el propio Gobierno Federal, en el congreso y el senado.
¿Un Estado en descomposición? Sólo en 2014, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública hubo en México 5.000 desaparecidos. Y si escogemos el período de tiempo que va de 1995 a 2012 el número asciende a 25.398. Las cifras son tan espectaculares que parecieran ser inventadas, pues es difícil de aceptar que en el democrático México esté sucediendo semejante tragedia. Y si hablamos de los feminicidios en Ciudad Juárez, las cifras son de poner los pelos de punta: en esta última ciudad en los años 2011-2012 se contabilizaron 1.238 mujeres asesinadas. Estamos haciendo referencia a casos de genocidio. Por supuesto reina la impunidad y los culpables están casi todos en libertad.
Los narcos se han apropiado de México. Más de la mitad de la heroína que se consume en Estados Unidos procede de México. Y este hecho, brutal e irrebatible, es la base en la que se asienta el poder de penetración del narco en la “democracia” mexicana. Sencillamente, la han secuestrado a tal punto que intelectuales de prestigio califican a México de Estado narco. Todo el país vive en un estado de violencia e inseguridad pública sin precedentes en la historia contemporánea de México que corre en paralelo a una creciente militarización del aparato del Estado. Este proceso de dominio del narco se ha visto favorecido por un sistema corporativo autoritario heredado del nacionalismo revolucionario que encarnó durante décadas el PRI y que ha sido el caldo de cultivo de toda clase de corrupción.
En la ONU se ha denunciado al Estado mexicano. Organismos de DDHH y ONGs insisten una y otra vez en la necesidad de hacer presión internacional para obligar a las instituciones de ese país a que se comporten conforme a un Estado de derecho. El resultado es igual a cero, nada, no hay cambios ni siquiera alentadores, el narco ha ganado.
El caso de México es una muestra de cómo la democracia tiene en los enemigos internos su mayor amenaza. Claro que a ello favorece la complacencia neoliberal de llamar democracia a cualquier sistema político con tal de que haya urnas. Confundir la votocracia con la democracia es lo que hace que en el mundo occidental se de el visto bueno a la “democracia israelí” o a la “democracia mexicana”, homologándolas a otras en las que si se respeta aceptablemente el Estado de derecho. De esto último viene una complicidad de hecho entre quienes son responsables de crímenes y quienes no ejercen ninguna presión para acabar con ellos.
