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Roberto Rubio, director de FUNDE, fue el encargado de dejar al descubierto el objetivo de la derecha política y empresarial del país al poner ante la opinión pública la supuesta colocación de micrófonos para “espiar”: la condena internacional al Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén.
Sin ningún reparo, Rubio responsabilizó al Gobierno de “haber colocado micrófonos en las oficinas de FUNDE y de otras gremiales empresariales por el simple motivo de que estas y sus críticas, “le son incómodas al Gobierno”.
Tanto Rubio como otros dirigentes de gremiales político-empresariales de oposición, han denunciado con todo el despliegue mediático el supuesto “espionaje y persecución política”, que, según sus insinuaciones el responsable podría ser el Gobierno.
Rubio manifestó que dado que FUNDE pertenece a Transparencia Internacional, esta organización, con sede en Berlín, Alemania, haría una denuncia pública, es decir, lo que pretenden es una denuncia pública contra el Gobierno del Presidente Sánchez Cerén.
Y es que la denuncia mediática y ante la fiscalía en el país seguramente no trascenderá jurídicamente, pues, si es cierto de los micrófonos ocultos, seguramente estos datan de algunos años, y podría tratarse de asuntos internos.
Cuando una instancia internacional hace la denuncia, la situación cambia, pues, lo que se busca es afectar a alguien, en este caso al Gobierno, se tengan o no se tengan las pruebas para acusarlo, pues, lo que interesa es crear una opinión adversa hacia el país y/o Gobierno, con las subsiguientes consecuencias.
Ya hemos dicho en otros editoriales que en tanto que 2017 es un año preelectoral, la derecha en general, en sintonía con su partido político, articulan sus agendas mediáticas para afectar al Gobierno y al partido de Gobierno.
Y los puntos de ataque contra el Gobierno están claros: hacer creer a la opinión pública nacional e internacional que este Gobierno es corrupto, despilfarrador, mal administrador y ahora hasta realizador del espionaje con motivaciones políticas.
Es necesario recordar que en la actualidad no es necesario poner micrófonos en las oficinas para espiar a alguien, y esto lo saben los areneros y lo saben los dirigentes empresariales que han denunciado el supuesto hallazgo de los micrófonos. Decíamos en un editorial anterior, que hay equipos que graban desde los celulares aunque estos estén apagados.
Bueno, la Fiscalía General de la República que por mandato constitucional realiza las escuchas telefónicas podrá corroborar estas afirmaciones. Y ojalá la Fiscalía no se monte a la campaña de la derecha, por lo que debe hacer los análisis de manera urgente para desvirtuar o dar con los responsables de la colocación de los obsoletos micrófonos, supuestamente encontrados en las oficinas de las gremiales empresariales.
