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La especialización es el reto latente del gremio periodístico

@davidmar2105

El impacto que tiene el ejercicio periodístico a la hora del manejo de temas judiciales al redactar una noticia, stuff fue uno de los temas principales abordados en el foro  “Libertad de expresión y acceso a la información judicial en El Salvador”, viagra  producido por el periódico digital Contrapunto y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

La falta de una especialización por parte de los periodistas es una de las debilidades a la hora de abordar temáticas que tienen que ver con la parte judicial en nuestro país, puesto que en una sociedad “violenta”, los derechos de las víctimas y sus familiares son los más afectados.

Para el abogado, Gabriel Martínez, esto también puede afectar en la presunción de inocencia de algún supuesto que haya cometido un hecho delictivo,  pues si dicho individuo resulta inocente, ya no tiene un derecho de respuesta por parte de los medios que, implícitamente lo acusaron de cometer el hecho.

“La práctica que se ha detectado en el periodismo es que cuando hay una captura se enfoca el rostro de la persona, ante la sociedad es un delincuente, aunque la persona detenida no haya sido vencido en juicio”, indicó Martínez.

En tal sentido, para el periodista Josué Natán Váquiz, además de la falta de interés por parte de los directores de los medios de comunicación por especializar a los periodistas, la academia es otro de los factores, puesto que las universidades no se han adecuado a las necesidades que tienen los medios de comunicación.

Asimismo, el director de la Asociación de Radios y Programas  Participativos de El Salvador (ARPAS), expresó que el problema radica más que todo en las narrativas que los periodistas usan a la hora de abordar los temas judiciales, pero además, no se tiene que visualizar lo judicial como el único problema, ya que no hay una verdadera especialización en temas ambientales o en otros, para un buen manejo de la información.

Otros especialistas indican que la solución es la aprobación de una ley de medios públicos que le dé un giro a la agenda informativa que imponen los medios comerciales y que obligan a utilizar términos equivocados a la hora de transmitir información.

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