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Francisco Elías Valencia
@fe_valencia
En noviembre del año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Responsabilidad, que entre otras cosas obliga al gobierno a reducir o controlar algunos gastos y a elevar sus ingresos. Sobre este tema conversamos con el economista César Villalona.
– César, ¿Qué dice la Ley de Responsabilidad Fiscal sobre los ingresos y gastos públicos?
El artículo 7 de ley plantea tomar “medidas que permitan una consolidación de las finanzas públicas por los siguientes 3 años, a partir del inicio del ejercicio fiscal de 2017, para lo cual se deberá proceder a implementar medidas de ingresos y gastos que den como resultado, al menos 3% del Producto Interno Bruto”.
Lo que quiere decir ese párrafo es que entre 2017 y 2019 el gobierno debe aumentar sus ingresos y reducir sus gastos por un mínimo (“al menos”) de 810 millones de dólares, que es el 3% del valor del PIB, el cual anda por los 27,000 millones a precios corrientes. Pero si el gobierno se limita a hacer eso tendría dentro de tres años casi los mismos ingresos de hoy. Y eso no lo permite la Ley de Responsabilidad Fiscal, pues la misma dice que “a partir del tercer año de implementación (…) la carga tributaria no deberá ser menor al 17% del PIB”.
La carga tributaria es el porcentaje del PIB que capta el Estado a través de los tributos. En 2016 fue de 15.7%, que en dinero significó 4,238 millones. Por lo tanto, si al tercer año de aplicada dicha ley el gobierno capta el 17% del PIB, sus ingresos tributarios rondarían los 5,000 millones en 2019, pues ese año el PIB andará por 30,000 millones. De manera que para ese año el gobierno debería tener una recaudación mayor a la de hoy en alrededor de 760 millones.
– Entonces, la ley conduce a que el gobierno eleve su recaudación
Sí. Y dice que el 17% de carga tributaria es el menor porcentaje al que se puede llegar. De manera que si en tres años no se logra esa meta se incumple la ley. Y si la meta se supera no se riñe con la ley.
Incluso, la ley no obliga a recortar el gasto corriente del Sector Público no Financiero. Lo que dice es que el mismo no puede pasar del 18.5% del PIB durante el período del ajuste, que es de tres años. O sea, le pone límites, pues hoy es un poco menor. La ley también permite que los gastos de salarios y de compra de bienes y servicios, que son gastos corrientes, crezcan igual que el PIB nominal, o sea, más o menos 3% anual.
Sobre los otros gastos del gobierno, la ley no pone restricciones. Me refiero a los subsidios e intereses de la duda, que son gastos corrientes, los gastos de capital, la amortización de la deuda y el costo previsional (pago de intereses y amortización a las AFP). Por lo tanto, aunque la ley habla de un ajuste de 3% entre ingresos y gastos, en realidad no obliga a reducir el gasto total, sino a incrementar los ingresos para que la carga tributaria llegue al 17%.
– Pero el gobierno, ante la situación precaria de sus finanzas, decidió reducir el gasto. Falta actuar por el lado de los ingresos
Correcto. Como al gobierno le han bloqueado los ingresos, por razones que son muy conocidas, el Presupuesto de 2017 redujo en 79 millones la compra de bienes y servicios y en alrededor de 10 millones el escalafón de salud. Este año se recortarán algunos subsidios y se aprobó un decreto de austeridad que implica seguir recortando gastos.
A pesar del esfuerzo del gobierno por reducir su déficit, la derecha dice que los gastos deben seguir bajando y que no se deben aprobar tributos que eleven la recaudación.
Tan pronto el Presidente de la República habló de ponerles un impuesto a las mansiones de lujos y a las casas de recreación, los dirigentes de ARENA y de la ANEP pusieron el grito al cielo y dijeron que la población no aguanta más impuestos, como si la población, y no una minoría de ricos, tuviera casas de lujo.
El señor Norman Quijano, muy dado a decir cosas raras, afirmó que en esas casas de lujo trabajan empleadas que serían despedidas si se aprueba el impuesto a la propiedad. Según Quijano, un multimillonario despedirá a una empleada porque le cobren un pequeño impuesto por su mansión. Por supuesto, Quijano dice eso porque está seguro de que las empleadas de los millonarios lo estaban viendo por televisión y a partir de lo que él dijo ellas votarán por ARENA. Parece que el pánico electoral de ARENA apunta a desbordarse de manera peligrosa.
– Los economistas de ARENA han convertido la palabra impuesto en un demonio, para tratar de atemorizar a la población.
Así es. Tienen esa propaganda desde que el FMLN sacó a ARENA del gobierno. Pero ellos saben muy bien que hay impuestos que se les cargan a la población consumidora, como el IVA, que ellos aprobaron y subieron cuando gobernaban, y otros que se les cargan a los ricos y no tienen impactos en los precios, como el del patrimonio, que ellos quitaron durante la gestión de Cristiani.
– Un economista de ARENA dijo que lo que el gobierno debe hacer es recortar más gastos y darles más incentivos a las grandes empresas. ¿Qué opinas sobre eso?
La “lógica” de ese planteamiento es que los incentivos aumentan la inversión privada y el PIB y el gobierno recauda más dinero en concepto de impuestos. Eso no es cierto, pero se dice para que la gente crea que el problema fiscal no se debe a la escasez de ingresos sino al exceso de gastos y al poco crecimiento económico.
Ellos saben que el crecimiento económico no significa automáticamente más ingresos fiscales. Nuestra historia económica muestra momentos de elevado crecimiento combinados con crisis fiscales, es de recordar que en 1992-95 el PIB creció en un promedio de 7% y en el año 95 había una crisis fiscal tan severa que el gobierno de Calderón Sol aumentó el IVA de 10% a 13%.
– Pero llama la atención que la ANEP digan que la economía crece poco cuando son ellos los llamados a invertir para que haya más producción
Eso es muy llamativo. Y la inversión privada crece poco desde hace años, desde cuando ellos gobernaban. ¿Por qué no invierten más en el país si tienen leyes de incentivo que le cuestan al Estado cientos de millones al año? Solo la devolución del IVA a las empresas exportadoras en los años 2010-2015 superó toda la inversión social del gobierno de esos mismos años. Y todavía los oligarcas piden más incentivos.
– Volviendo al tema del déficit fiscal, ¿cuáles crees que son las causas del mismo?
La millonaria evasión de impuestos que hace un grupo de grandes empresarios, la mora tributaria de cientos de millones de dólares, la enorme corrupción durante los gobiernos de ARENA, los cientos de millones de dólares que paga Hacienda en concepto de pensiones debido a que con la privatización de 1998 casi quebró el sistema público, la poca tributación de los sectores de más ingresos (agravada con la reforma tributaria regresiva que hizo ARENA) y en el peso que tiene el pago de la deuda interna y externa, el 75% de la cual proviene de los gobiernos de ARENA.
Ocultar esas causas es una tarea a la que se han dedicado los economistas y de los dirigentes de la ARENA y de la ANEP, quienes pretenden centrar la atención del pueblo en el tema del gasto. Por eso tratan de levantar la idea de que el gobierno del FMLN es corrupto, cuando la depredación del erario público alcanzó miles de millones de dólares durante los gobiernos de ARENA. Los medios de comunicación de ARENA se han dedicado a hablar de corrupción pública en el actual gobierno, sin que haya un solo caso en la Fiscalía.
– Pero la idea de que el gobierno no necesita más ingresos sino reducir sus gastos la vienen planteando ARENA y la ANEP desde que el FMLN comenzó a gobernar
Es una consigna que repiten sin cesar, porque es la orden que tienen de quienes trazan la línea comunicacional de ARENA. Pero ahora estamos en un momento de definición, porque hay una ley que cumplir y esa ley dice que el gobierno debe aumentar su recaudación. Y para que eso ocurra se necesita el apoyo de la Asamblea Legislativa, es decir, de los mimos diputados y diputadas que aprobaron la ley.
Como el FMLN solo tiene 31 votos en la Asamblea, para aprobar medidas que aumenten la recaudación fiscal también se requiere el voto de los diputados y diputadas de otros partidos.
– ¿Cuáles deberían ser las medidas para aumentar la recaudación?
En mi opinión, se requiere una reforma fiscal progresiva, es decir, un cambio profundo en la estructura y la administración tributaria. Eso no se logra con un o dos impuestos, sino con un conjunto de medidas que impacten en las finanzas públicas.
Por el lado impositivo se deben aprobar el impuesto predial y al patrimonio, que no son inflacionarios y recaen sobre la población de altos ingresos. Esas medidas las ha recomendado hasta el Fondo Monetario Internacional. También hay que gravar más las rentas altas y aprobar la ley de cobro administrativo, para combatir la evasión y la mora tributaria. Hay que continuar con los esfuerzos por controlar la evasión y revisar las leyes de incentivo, pues muchas de ellas no han servido para aumentar la inversión y empleo. Solo la evasión de impuestos casi duplica el déficit fiscal. Y si se cobrara la mitad de la mora se conseguirían alrededor de 300 millones, que es un poco más de lo que necesita el gobierno para pagar la deuda previsional y cubrir el pago de pensiones del IPSFA este año.
ARENA y la ANEP se oponen a esas medidas porque quieren que el gobierno no les cobre a los millonarios que evaden y retienen impuestos y que le deben dinero al Estado, y porque quieren que el gobierno elimine los subsidios y suprima los programas sociales, para que aumente la pobreza y la gente rechace al FMLN.
