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Por Daniel Bosque
Barcelona/AFP
El juicio por la consulta independentista de 2014 en Cataluña quedó visto para sentencia el viernes tras una jornada altamente política, con acusaciones de romper las reglas democráticas contra el expresidente regional Artur Mas, que sacó pecho por haber desafiado a Madrid.
«En nuestro ánimo no había desobediencia, pero sí había ánimo de plantar cara a un gobierno español que estaba impidiendo que la gente participara de manera normal, de manera democrática», dijo en su alegato final Artur Mas, acusado de desobediencia y prevaricación junto a dos excompañeras de gobierno.
Antes, el fiscal Emilio Sánchez le reprochó «una ruptura de las reglas del juego democrático» al «articular una estrategia de desafío abierto» al Tribunal Constitucional, que había decretado la suspensión de la votación tras aceptar un recurso del gobierno conservador español de Mariano Rajoy.
A pesar de esa suspensión, el 9 de noviembre de 2014 se celebró esta consulta sin efectos jurídicos, en la que participaron 2,3 millones de catalanes de un total aproximado de 6,3 millones que estaban invitados a votar.
De aquellos que acudieron a las urnas, un 80% apostó por la secesión de esta región del noreste de España, que cuenta con 7,5 millones de habitantes.
«Soy responsable de haber escuchado a la gente en la calle y en las urnas, soy responsable de haber cumplido mandatos parlamentarios (…) y no me escondo, me enorgullezco», afirmó el expresidente regional (2010-2016).
La fiscalía reclama para él diez años de inhabilitación para cargos públicos y nueve para sus colaboradoras.
Democracia o desobediencia
El juicio sirvió al movimiento independentista para movilizar a sus tropas: unos 40.000 manifestantes se congregaron el lunes frente al Palacio de Justicia de Barcelona coreando «viva la República Catalana» o «fuera la justicia española», criticando lo que consideran un ataque a sus derechos democráticos.
«Aquí no se está juzgando ni persiguiendo la democracia (…) sino si hubo desacato» a una resolución judicial, tuvo que terciar el fiscal. Y en este sentido, Mas «articuló una estrategia de desafío abierto a lo ordenado por el Tribunal Constitucional», afirmó.
Según él, una vez conocida la suspensión, el 4 de noviembre, «la contribución pública siguió y se intensificó de forma determinante».
Esa fue la versión que extrajo tras analizar las pruebas documentales y escuchar a la treintena de testigos citados: los trabajos encargados a proveedores externos continuaron, la web informativa siguió activa aunque podría haberse cerrado en horas según los peritos policiales, el gobierno instó a abrir las escuelas públicas para instalar las urnas e incluso hubo empleados públicos trabajando ese día.
La defensa, por su parte, mantuvo la doble línea argumental mostrada durante todo el juicio. Por una parte defendieron la legalidad de sus acciones asegurando que el gobierno regional delegó la organización de la votación en 42.000 voluntarios reclutados previamente y que la resolución judicial no era explícita.
Pero al mismo tiempo, reivindicaron haber obedecido los mandatos del parlamento regional, con mayoría favorable al referéndum, y aseguraron ser víctimas de un proceso político.
«El gobierno español quiere la muerte política de los tres acusados», aseguró el abogado de Irene Rigau, Jordi Pina.
Advertimiento europeo
La palabra la tienen ahora los tres magistrados de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
En caso de ser inhabilitado, Artur Mas piensa recurrir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en una muestra más de la estrategia independentista de internacionalizar su causa, con escaso éxito hasta el momento.
La última prueba llegó el jueves por boca del nuevo presidente del parlamento europeo, Antonio Tajani, quien advirtió a las autoridades catalanas que «quien actúa contra la Constitución de un Estado miembro estará actuando contra parte de ese marco legal europeo».
Unas declaraciones altamente significativas cuando el sucesor de Mas, Carles Puigdemont, quiere intensificar el pulso con el gobierno de Rajoy organizando un referéndum de autodeterminación vinculante en septiembre sin encaje legal en la Constitución del país.
«Es bueno que se cuente la verdad a los catalanes» y «la verdad la ha expresado muy bien el señor Tajani», celebró el portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo.
Desde el palacio del ejecutivo catalán, Puigdemont, que recibió a los tres encausados después del juicio, instó al gabinete de Rajoy a «rectificar y dialogar a través de una mesa política, no de los tribunales y la fiscalía».
