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viernes , 15 diciembre 2017
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IDHUCA considera que no habrá desarrollo con un Estado debilitado
Izquierda a derecha; Manuel Ernesto Escalante, Asesor Jurídico, José María Tojeira, Director y Arnau Baulenas Bardía, Coordinador de Unidad de Proceso de Justicia, ambos del IDHUCA, presentan un informe sobre los Derechos Humanos. Foto Diario Co Latino / Jorge Rivera.

IDHUCA considera que no habrá desarrollo con un Estado debilitado

@SilviaCoLatino

El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Padre José María Tojeira, presentó el Informe de Derechos Humanos del año 2016, destacando en la consulta temas sociales como : seguridad, servicios básicos, educación, salud, medio ambiente y la violencia en sus diferentes ámbitos.
“La baja recaudación fiscal y la negativa a repensar un acuerdo fiscal que permita al Estado invertir adecuadamente en el desarrollo del ciudadano y en la universalización de derechos básicos refuerza las dificultades o imposibilita la solución adecuada de los problemas”, dijo Tojeira.
La investigación indagó sobre derechos básicos relacionados a la vida; los derechos vinculados al bienestar básico y los derechos supeditados al desarrollo de capacidades que es el menos desarrollado, consideró el director del IDHUCA.
Tojeira señaló que la “cultura de la violencia” que inicia desde el hogar y se reproduce en la sociedad, se convierten en factores que obstaculizan el desarrollo.
“Aunque ha ido descendiendo la violencia y el autoritarismo machista desde los Acuerdos de Paz (1992) esto continúa afectando al país. Es el mismo autoritarismo que se da en la relaciones entre ciudadanos particulares que recurren a soluciones de fuerza ante conflictos y cuyo uso ha sido frecuentemente también de los poderes establecidos por la ley, así como los poderes de facto”, expresó.
Una preocupación apremiante para el director Tojeira es la violencia que llega a los homicidios en la población juvenil, al mencionar que de 5 mil 278 asesinatos cometidos en el año 2016, aunque representa una reducción al año 2015; es evidencia que hay un fallo en algunas políticas de persecución y prevención del delito.
“De los 5 mil 278 homicidios, 520 fueron cometidos contra mujeres jóvenes, en su mayoría jóvenes, donde los agresores son hombres. Y el sistema judicial y otras instituciones no han sido adecuadamente sensibles al delito. La Fiscalía tampoco ha tomado en cuenta las denuncias de los grupos LGBTI, cuando señalan evidentes crímenes de odio en contra de su colectivo”, reseñó. Mientras, en casos de extorsión e impunidad de los delitos cometidos, el Padre Tojeira reiteró que han ido en aumento que consideró, lo genera la falta de efectividad de normativas jurídicas y de recurso humano para investigar en procesos judiciales. “La extorsión en efecto implica la amenaza de muerte, daña gravemente el derecho a la seguridad y amenaza la vida de las personas y de sus parientes más cercanos. Y como toda amenaza daña severamente la integridad sicológica de los afectados. El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, ha dicho que las denuncias a nivel nacional por delitos de extorsión han aumentado un 6.27% en los últimos meses”, al referirse al año 2016.
En cuanto a la impunidad, dijo que el 85% de los homicidios quedan en impunidad por ausencia del trabajo de la Fiscalía General de la República, mencionando los casos imprescriptibles (no vencen) considerados delitos de lesa humanidad y cometidos durante la guerra civil salvadoreña.
“La sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, dada en julio de 2016, no ha generado durante los meses siguientes a la fecha ninguna acción de la Fiscalía, a pesar de haberse denunciado más de 80 casos . Así también, el silencio de los otros dos órganos del Estado, para realizar ejercicio de una justicia transicional para reparar a las víctimas”, enfatizó.
Sobre la presencia de redes de narcotráfico, grupos de exterminio, limpieza social y las prácticas de mal trato y tortura, indicó que algunos casos están ligados miembros de la Policía Nacional Civil (PNC).
“Existe mal trato y violencia policial inclusive, complican el derecho a la vida y la seguridad. Durante este año ha quedado claramente establecida la existencia de grupos de exterminio y limpieza. Un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) respaldó claramente la existencia de estos grupos, algunos ya desarticulados, donde varios de sus miembros eran policías”, opinó.
Tojeira sumó los 650 enfrentamientos armados entre miembros de las fuerzas de seguridad pública y “presuntos” pandilleros, que afirmó el Padre Tojeira algunos presentaban manipulación de la escena.
“Las cifras oficiales de los enfrentamientos armados registran un incremento del 4.5 % con respecto a los reportados en 2015 (622) a partir, de notas periodísticas a las que dimos seguimiento y análisis dan indicios de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Identificando 111 eventos con esas características con el saldo 278 víctimas fatales”, dijo. Asimismo, el 50.4 % de estos eventos se identifican como muertes en presuntos enfrentamientos armados entre pandilleros, policías y soldados; un 26.13% en enfrentamientos entre fuerzas combinadas y pandilleros; otro 21.6 % muertes producidas por presuntos grupos de exterminio y el 1.8 % asesinatos que resultaron del enfrentamiento entre miembros del ejército y pandilleros.
Para el Padre Jose María Tojeira la violencia perjudica otros derechos humanos como la salud, la educación, la cultura, mediambiente y el desarrollo personal de la población salvadoreña y que la principal repercusión es la población juvenil, así como colectivos históricamente excluidos de las garantías sociales, por lo que pidió mayores acercamientos a las fuerzas vivas del país.
“Los niveles de diálogo, tolerancia e inclusión han tenido momentos de avance a través de diversas instituciones o programas estatales; el avance legal e institucional ha favorecido la inclusión de algunos sectores de la sociedad, sin embargo, el diálogo se detiene cuando enfrenta temas vinculados a derechos económicos o sociales; con frecuencia por los escasos recursos estatales para dar seguimiento a programas fruto del diálogo como los planes El Salvador Seguro o El Salvador Educado. Mejorar la situación de los Derechos Humanos en el país implica una labor esforzada, interrelacionar múltiples procesos y dialogar a fondo sobre el tipo de cultura y estructura social que necesitamos para el desarrollo humano”, concluyó.

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