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José M. Tojeira
Hay herencias absurdas. Herencias que llevan a la ruina y que sin embargo no son criticadas y se mantienen por años. Una de ellas es el pago con fondos públicos de seguros de salud privados. Algunos de estos abusos comenzaron por el capricho de líderes políticos. Otros fueron acordados en negociaciones con los trabajadores. Se dan en todas las ramas del poder, legislativo, ejecutivo y judicial. Y disfrutan de esta especie de robo al estado personas de todas las ideologías y tendencias. Lo disfrutan también empresas autónomas del Estado. Y sólo algunas instituciones han resistido a la tentación. Esa herencia la ha dejado ARENA, que no se le ocurrió cuestionar el absurdo de pagar con fondos públicos seguros privados de salud, teniendo el Seguro Social como sistema público de salud. Lamentablemente en los dos gobiernos del FMLN todavía no se ha cuestionado, como se debería, ese dispendio caprichoso e ilegal. Porque las instituciones públicas que dan este tipo de seguros a sus jefes y a veces a todos los empleados, pagan al mismo tiempo el Seguro Social. Doble gasto absurdo y que muestra una vez más la tendencia a aprovecharse del poder para obtener beneficios sobre el resto de la población trabajadora.
Un conjunto de sectores de la sociedad civil ha emprendido una investigación al respecto y ha interrogado, apoyándose en la ley de acceso a la información pública, a más de setenta instituciones estatales. Veintiocho de ellas han contestado ya, y los millones utilizados van creciendo. En el año 2015 las 28 instituciones que han dado sus cifras dicen que gastaron en seguros de salud privados, pagados con fondos públicos, casi dieciséis millones de dólares. Para este año 2016, estas mismas 28 instituciones tienen programado gastar más de 20 millones de dólares. Y quedan todavía por informar otras cuarenta instituciones. Las campeonas en este sustancioso gasto son la Asamblea Legislativa con un poco más de seis millones y medio, la Corte Suprema de Justicia, con un poco más de cuatro millones, y la Fiscalía General de la República, con pocos miles menos que la Corte, pero siempre superando ligeramente los cuatro millones.
Se podría decir hoy que suspender este modo inequitativo e injusto de proceder causaría un grave problema al Seguro Social. Porque esta gente que prefiere sus seguros privados pagados con fondos públicos iría al Seguro Social en su mayoría y congestionaría la institución, multiplicando los atrasos y problemas que el Seguro tiene ya en la actualidad. Sin embargo las cosas no son tan claras. El Seguro Social, se nos dice habitualmente, tiene la mejor y más avanzada maquinaria de salud. Sus médicos se han especializado y subespecializado, muchas veces en instituciones de vanguardia. Sus problemas son de tipo administrativo y organizativo y no tanto de calidad quirúrgica. Si el Estado le diera al Seguro Social esos millones que le da a las aseguradoras y hospitales privados, sin duda el servicio podría ser mejor para todos, incluidos los trabajadores del Estado. En los países desarrollados los ministros de gobierno van al Seguro Social, lo mismo que otros muchos líderes de opinión, profesionales y gente con posibilidades. Que un país pobre como el nuestro, en vez de fortalecer con fondos públicos las instituciones del Estado, cree esa especie de casta superior en sus dependencias y oficinas, con más derechos que el resto de la población trabajadora, es un verdadero escándalo. Y una manera de incumplir con la democracia que con tanta insistencia solemos defender teóricamente.
No es el único tema en el que se cae en inequidades y contradicciones con la democracia que decimos profesar. Realmente de ARENA hemos heredado un país en el que se han ido justificando de muy diversas maneras y en la práctica, una estamentalización de la sociedad en la que hay gente tratada como superiores unos e inferiores otros. No es que haya solamente desigualdades. El problema es que las desigualdades se cultivan, fomentan y justifican institucionalmente desde el propio Estado. Y se acostumbra a la gente, y especialmente a muchos trabajadores del Estado, a entender las plazas de gobierno como plazas de comodidad y privilegio, más que como plazas de servicio. Al principio mencionaba a tres instituciones, las que hasta ahora han dado los mayores montos de ese seguro privado pagado con fondos públicos. Pero el CNR y el BCR superan el millón de dólares en este tipo de seguros. Y todavía, como ya decíamos, faltan las sorpresas que nos puedan dar las más de cuarenta instituciones estatales que aún no han contestado las solicitudes de información.
El país está en crisis económica. Un pacto fiscal es necesario. Pero al mismo tiempo que se lleva a cabo un pacto fiscal es imprescindible limpiar las contradicciones antidemocráticas que se han ido acumulando a lo largo de nuestra historia. Universalizar los derechos de la población y hacerlos equivalentes en calidad para todos es imprescindible en una democracia. En el campo de la salud y de la educación, sin embargo, hay una impresionante tarea. Porque la inequidad, cuando no la exclusión, marcan todavía dolorosamente los servicios que prestan las instituciones públicas. De hecho el servicio público de salud debía ser único y ofrecer la misma calidad a todos. Pero entre nosotros parece dominar una sociedad de castas.
El que se considera superior se esfuerza en lograr más fondos públicos para su conveniencia. Olvidándose que rompe con ello ese signo de solidaridad que debe ser el elemento fundamental de la vida democrática. Todos iguales en dignidad, todos con los mismos servicios básicos estatales.
Lo contrario no sólo es contrario a la democracia, sino señal evidente de la carencia de liderazgo moral en el liderazgo. Tanto años gobernados por empresarios, y no precisamente por los mejores, han organizado el país como si fuera una finca bajo el control arbitrario del patrón.
