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Por Daniel Bosque
Barcelona/AFP
El gobierno regional de Cataluña celebra este viernes una cumbre para iniciar los preparativos del referéndum de independencia que quiere convocar en septiembre y movilizar a su bando frente a una nueva operación de seducción del ejecutivo español.
Partidos independentistas y favorables a la autodeterminación, sindicatos, empresas y asociaciones están convocadas en el parlamento catalán para constituir un Pacto Nacional para el Referéndum que planifique su celebración.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, espera cerrar filas en torno a esta consulta tras las recientes discrepancias con la izquierda anticapitalista CUP, vitales para asegurar su mayoría, por la detención de cinco de sus miembros por quemar fotos del rey Felipe VI.
El arresto fue ordenado por un juez de Madrid pero ejecutado por la policía catalana, dependiente del gobierno regional. Esto sembró malestar en la CUP, que todavía debe aprobar los presupuestos para poder financiar el referéndum.
«Tenemos que ir juntos y no nos podemos equivocar de adversario», afirmó a la AFP Marta Pascal, coordinadora general del Partido Demócrata de Puigdemont.
«Operación Diálogo»
La cumbre llega en pleno despliegue de la «Operación Diálogo» del jefe de gobierno Mariano Rajoy tras años de continuo distanciamiento.
El mandatario encomendó la misión a su vicepresidenta y fiel colaboradora, Soraya Sáenz de Santamaría, que se instaló un despacho en Barcelona al que acude casi semanalmente.
El diario conservador ABC destacó este viernes el cambio de estrategia «para tratar de corregir la deriva rupturista y reducir el nivel de conflictividad».
Santamaría ofreció al principal partido opositor, el socialista PSOE, ir de la mano en este tema y prometió negociar una lista de demandas sociales y económicas enviadas hace meses por Puigdemont, aunque dejando fuera el referéndum.
También reconoció errores por la campaña de su partido contra el Estatuto catalán de 2006, que terminó anulado parcialmente en 2010 desencadenando un fuerte auge independentista en esta rica región mediterránea.
Estas declaraciones provocaron una reprimenda desde el sector más conservador del Partido Popular, cuyo máximo representante, el exjefe de gobierno José María Aznar (1996-2004), renunció esta semana a la presidencia de honor.
Para Miquel Iceta, secretario general socialista en Cataluña, «el gobierno llega tarde al diálogo, o se dan muchas prisa con hechos y no palabras o esto no llevará a ningún lugar».
Desde Barcelona, la «Operación Diálogo» es contemplada con escepticismo. «Cuesta entender que haya voluntad de diálogo y siga habiendo acciones judiciales», señaló Pascal.
A través del Tribunal Constitucional, dominado por jueces conservadores, el gobierno español consigue anular todos los pasos hacia la secesión pero también otras leyes como la prohibición de las corridas de toros o una fomentando la igualdad de género.
Este mismo viernes, el tribunal decretó ilegales las ponencias del parlamento catalán para redactar las leyes que deben regular el proceso de secesión.
A ello se le suman las causas judiciales por desobediencia contra la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, o el expresidente catalán Artur Mas (2010-2016), que horas antes de la reunión conoció la fecha de su juicio en febrero por organizar una consulta sobre la independencia en 2014.
«Punto de no retorno»
Iceta teme que se llegue «el punto de no retorno» si los independentistas convocan el referéndum pese a la prohibición del Constitucional.
El portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez, pidió a los dirigentes catalanes que «no se dejen llevar por los radicales» pues «adoptar la agenda radical, la unilateralidad, no es una buena idea».
Pero la falta de acuerdo no disuade a los líderes catalanes. «Lo haremos con nuestros propios recursos», advirtió Pascal, aunque el gobierno regional no dispone de censo ni junta electoral.
«Podemos sacarlo adelante. No podemos explicar cómo porque no podemos enseñar las cartas. Tenemos que ser pícaros y astutos», insistió.
El reto será convencer a los no independentistas de votar en esta consulta, subraya el politólogo Ferran Requejo, para que el resultado pueda ser legítimo.
En ello puede jugar un papel clave la carismática alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que está formando un partido de izquierdas antiausteridad en la región.
Puigdemont, que retrasó la cumbre para permitir su asistencia, quiere seducir a Colau y sus simpatizantes para romper el empate entre partidarios y detractores de la independencia que pronostican muchas encuestas.
