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@JoakinSalazar
Tres ex ministros de Defensa Nacional y generales de la Fuerza Armanda de El Salvador reiteraron su respaldo a los militares que esperan resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el proceso de extradición a España de cuatro de los 17 militares vinculados al asesinato de los padres Jesuitas y dos colaboradoras; hecho perpetrado el 16 de noviembre de 1989.
Los generales, Jaime Guzmán Morales, Otto Romero y Humberto Corado, reafirmaron la postura de que el asesinato de los padres Jesuitas no es un delito de Lesa de Humanidad, sino un “homicidio simple”, que ya fue condenado y amparado por la Ley de Aministía.
El ex ministro Corado reaccionó nuevamente en el tema de los militares y dijo que los militares solo respondían a órdenes giradas de mandos superiores, dejando entrever que el ex presidente Alfredo Cristiani tenía parte dentro de los hechos. Además, hizo un llamado al sector de la derecha salvadoreña (ARENA) para defender a los militares vinculados en el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Recientemente, el ex presidente Cristiani ha sido nuevamente vinculado en el proceso judicial en España, con la incorporación de un audio en el que afirma que si conocía de los hechos suscitados aquel 16 de noviembre de 1989.
“Apoyamos a nuestros compañeros, pedimos que se aplique el derecho, la extradición lo violaría, si eso sucede habrán reacciones”, dijo el General Corado; situación que muchos sectores sociales consideran una amenaza por la posible aprobación de extradición.
“Nosotros deseamos que esto, el caso Jesuitas, termine de una vez, además, España no tiene la razón, el derecho nos asiste”, agregó Corado.
Los militares en situación de retiro, afirmaron que el caso ha sido analizado por diferentes instituciones y sectores, todo es a favor de los militares por lo cual no puede haber doble juzgamiento.
En el año 1991, autoridades judiciales y fiscales realizaron un Juicio que, el mismo magistrado de la Sala de lo Constitucional y el entonces Fiscal del caso, Sidney Blanco, ha explicado que fue un proceso viciado, que se bloqueó el trabajo de la fiscalía.
Los generales esperan que tras 140 días en se interpuso un recurso de amparo a favor de los militares, la Sala de lo Constitucional dicte sentencia a favor de los mismos; sin embargo el proceso está atado a dos resoluciones que de acuerdo a magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberán resolverse, la sentencia de inconstitucionalidad sobre la Ley de Aministía; situación que algunos sectores que defienden los derechos humanos esperan que sea aprobada pronto.
Se especuló que esta semana, la Corte Suprema de Justicia daría su fallo, y que resultaría favorable a los militares.
