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Gallina que come pico, aunque le quemen los huevos (2)

René Martínez Pineda *

En la segunda mitad del siglo XIX se patenta la corrupción e impunidad como soporte fundacional de la nación, y se hace de la mano de quienes redactaron, a su medida, las leyes (eso explica los obscenos sueldos y prestaciones de quienes trabajan en la Corte Suprema de Justicia, similares y conexos); y de la publicidad de Holloway que decía que “siendo voluntad del Sr. Dr. Tomas Holloway beneficiar al público de este continente con la venta muy módica de sus Píldoras y Ungüento, que en la actualidad obran maravillosos efectos sobre los males que padece el género humano; se avisa que se expenden cajas y botes a precio fijo (3 y medio reales) en el depósito general en San Salvador, a cargo de Don José Escolástico Andrino”. Lástima que esos menjurjes no surtían efecto en la corrupción, aunque, de haber sido así, hubieran sido declarados inconstitucionales por subvertir el orden público al dejar expuestas y en ridículo a las instituciones que hablaban de justicia cometiendo actos de injusticia.

Y como en casa de palo cuchillo de herrero, es aleccionador ir a la fuente de la justicia y enterarnos de que, como institución y funcionarios, su probidad siempre ha estado en tela de juicio, cosa esta que nunca ha sido motivo de cambios o castigos porque los magistrados de ese honorable sitio son los jurados y jueces de la tela. La Gaceta publicó (9 de octubre de 1858) el Parte No Oficial sobre los “Trabajos del Supremo Tribunal de Justicia”, y “supremo” significa que ni dios está sobre él: “¡Cuán interesante es la publicación de cuanto se obra en los tres poderes supremos! Así se evitan censuras maliciosas e infundadas; así certifica cada uno su proceder conforme a las leyes y que ocupa su puesto dignamente: así todos ven, todos oyen y todos tienen voto, parte, opinión en lo que es de todos. Los poderes supremos no son clubs tenebrosos (¿por qué habrán escrito eso?) cuanto se obre en ellos debe ser público”. Sobran los comentarios porque, en este país, el vivo a palos y el tonto a señas, refrán que le dio origen, como premisa irrefutable, a la sala de lo constitucional.

Revisar la historia de una nación en la que mueren más personas de las que nacen para hallar la raíz de la corrupción, impunidad, nepotismo oligárquico y otros gendarmes de la gobernabilidad es una travesía en tren cuyo paisaje se repite infinitamente y por eso, incluso lo perverso, se vuelve confortable por ser familiar. Así como hablamos del Supremo Tribunal, hablemos del presupuesto y los finiquitos que se extendían. “José María Cáceres, Contador Mayor de cuentas del Estado certifica que se declara libre de responsabilidad con la hacienda pública al Señor Trujillo como Tercenista…” Interesante certificación y aún más interesante el que la suscribe para que no exista ninguna duda razonable.

Otro botón. Últimamente se ha estado discutiendo el presupuesto de la nación (2017) y el de la Asamblea (cuyo formato y montos fueron ideados por los partidos de derecha) y la táctica de la reacción es buscar declarar inconstitucional el primero alegando “gastos innecesarios”. El candidato a alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, dijo: “lamentable que el presupuesto no presenta austeridad.” René Portillo Cuadra –precandidato a algo- también habló de “gastos innecesarios”, y cuestionó las “viejas mañas de siempre” del FMLN, GANA y PCN”. Pero… ¿qué tan nuevo es eso? ¿O qué tan válido es viniendo de quienes viene?

Hace muchos años –y quien dice “muchos” dice que no se acuerda de cuántos son, pero que son bastantes- se comparó el presupuesto nacional con una piñata cuyos dulces se reparten los que, por su poder económico, van a la fiesta; y a quienes lo depredaban se les llamó “saco sin fondo”. Para tener una noción de lo sucedido vale la pena una extensa cita de la Gaceta del 9 de febrero de 1859. “Las diferentes leyes que desde 1830 han venido dando las Legislaturas sobre reconocimiento, liquidación y pago de la deuda pública, en la cual ha figurado principalmente la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por particulares y corporaciones (empresas) en las guerras civiles que han destrozado al país, han llegado a convertirse en instrumentos de especulación… año con año aparecen nuevos acreedores, muchos de ellos de mala fe, cobrando del Estado sumas cuantiosas que inventan haber perdido y que acreditan con numerosos testigos falsos que se prestan por un vil interés a constituirse en cómplices de los que defraudan al erario. Pensarán que es exageración cuando vean que afirmamos que con la mayor facilidad se forjan expedientes en que se reclaman a la Hacienda pública decenas de miles de pesos por pérdidas acaecidas, aún en tiempos en que no ha habido guerra… Entre lo pagado por el Estado hay muchos créditos imaginarios: otros positivos pagados repetidas veces y mayor número indemnizados con el cuádruplo de lo perdido. ¿Podrá el Estado progresar así? ¿Habrá productos que puedan llenar ese saco sin fondo? Mil veces no, y mal tan trascendental y pernicioso no sólo al erario, sino a la moral pública, demanda un remedio decisivo (¿las píldoras de Holloway?). La inmoralidad ha cundido de tal modo que queda uno abismado cuando se ven las deposiciones de testigos, tan detalladas, que especifican hasta el número de fustanes de olan batista que supone haber perdido esa señora. Y no se crea que sólo gente pobre, oscura e ignorante ha servido para dar tales declaraciones: toda clase de personas han declarado con evidente falsedad: propietarios, hombres instruidos, empleados, en una palabra, sujetos de alto coturno.

Por lo que hace a los pobres, claro es que con cuatro o cinco pesos que se les dé van a declarar y jurar, sin vacilación, la mayor mentira, mas esto por vituperable y punible que sea, no lo es tanto como esas afirmaciones de personas competentes que saben bien lo que hacen y el mal que ocasionan a la Hacienda pública y la sociedad. ¿Por qué no tenemos buenos caminos? ¿Por qué no tenemos seguras cárceles, hospitales numerosos y bien servidos, edificios decentes para los Altos Poderes y oficinas públicas? ¿Y por qué no hay fondos, siendo que el Estado hace ocho años está en paz y sus rentas producen cada año más que el precedente? Por el saco sin fondo de las indemnizaciones que se multiplican y absorben una gran parte de las rentas públicas, sin que se les vea término a este proceder infinito.”     

¿Qué decir? Únicamente que “gallina que come pico aunque le quemen los huevos”.

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