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@OscarCoLatino
Medardo González, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), consideró que con las acciones impulsadas por sindicalistas de Salud, la oposición política pretende afectar al Gobierno Central, y con ello se violentan derechos de la población. “La responsabilidad de la situación fiscal la tienen los cuatro gobiernos anteriores. La deuda sigue siendo un grave problema, nos toca pagar $850 millones por deuda, la deuda que estamos pagando es herencia de los gobiernos de ARENA, la deuda que El Salvador tiene el 76 % es herencia de gobierno de ARENA”, dijo González.
“Lo que pretende la derecha es afectar al Gobierno Central. Debemos estar claros que ARENA y la Sala de Constitucional creen que están afectando al Gobierno, pero en realidad a quien están afectando es al pueblo salvadoreño, el pueblo es el que recibe los servicios”, agregó González. El secretario general del FMLN explicó que la falta de recursos para pagar los gastos del Gobierno, tiene su origen en la falta de ingresos. “El Estado Salvadoreño, en el año fiscal 2015 dejó de percibir $2,065 millones por evasión de impuestos, estas son las grandes empresas, medianas empresas, que no pagan impuestos”.
“Hay empresas que declaran pérdidas, con el impuesto del 1 % a los activos netos, era un recurso para el Gobierno, la Sala protegió a esos mentirosos, de tal manera que $99 millones no ingresaron. También declararon inconstitucional el FONAT, al Gobierno le toca pagarle a las víctimas, pero no hay un fondo para hacerlo. Declararon inconstitucional el impuesto a las llamadas internacionales y que iba a dar un ingreso de $102 millones”, ejemplificó González.
El secretario general del FMLN indicó que con las sentencias de la Sala de lo Constitucional, se impidió que ingresaran a las arcas de Estado $1,206 millones.
De igual forma, el secretario general del FMLN detalló que el Estado tiene una mora de pago de multas de $478 millones, las que fueron impuestas a grandes empresas y a contribuyentes individuales, las cuales se han amparado en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ para evitar pagar la infracción monetaria.
El FMLN propuso una ley para facilitar a las empresas el pago de multas, sin embargo, la misma fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional “con el propósito de afectar las finanzas del Gobierno”, dijo González.
Además, con leyes vigentes de incentivos, el Estado dejó de percibir $706 millones, los cuales debido a la normativa, se exonera el pago de impuestos a empresas que tienen inversiones en el país.
De igual forma, González explicó que debido a la estructura tributaria regresiva son los asalariados “los que sostienen la caja del Estado,
solo el 20 % de todo el ingreso proviene de las ganancias de las
empresas. El Salvador tiene una estructura de impuestos regresiva cargada al consumo y a los trabajadores”, indicó González.
Durante los gobierno del FMLN se presentaron denuncias pos supuestos casos de corrupción, de los cuales 23 suman un aproximado de cuatro mil millones de dólares. En cuanto a las protestas organizadas por sindicalistas de Salud, el secretario general del FMLN comentó: “se afecta a la población, a los pacientes, no es lo mismo planear una huelga en una institución que plantearla en un hospital y que los trabajadores cierren instalaciones para impedir que las personas, que los ciudadanos que hacen uso de estos servicios públicos no entren”, argumentó González.
El secretario general del FMLN indicó que durante las protestas de los sindicalistas se perdieron 10 mil 325 consultas en la red de hospitales públicos, además, se reprogramaron 108 cirugías.
El FMLN considera que es necesario tomar medidas presupuestarias para solucionar la crisis que provoca el pago del escalafón, ya que consideran que el mismo está mal diseñado por lo que de no modificarse los salarios se incrementarían sin límite. “La ministra de Salud está manejando una propuesta para pagar el escalafón pero haciendo una reestructuración, poniéndole tope el crecimiento de salarios”, comentó el dirigente político.
“No es justo porque los que tienen menores salarios su aumento es mínimo y los que tienen más salarios prácticamente se les va duplicando, es una injusticia en ese sentido y el Estado no puede cargar con esa responsabilidad. Nosotros hemos dicho que todo mundo tiene derecho a las mejoras laborales, a los reconocimientos salariales”, dijo González. González explicó que las protestas de los sindicalistas está ligado a las “finanzas públicas”, es decir, al dinero que el Gobierno necesita para cubrir sus gastos, lo cual han sido limitados por sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
