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Fiscalía mexicana analiza si restos óseos son de estudiantes desaparecidos

Por Yemeli Ortega

Iguala de la Independencia/AFP

Ante la presión de los desesperados padres de 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en México desde 2014, cialis la fiscalía general anunció este jueves que investigará restos óseos hallados en un paraje del municipio de Iguala (sur), shop localidad donde los jóvenes fueron vistos por última vez.

Un comunicado de la Procuraduría General (fiscalía) mexicana detalló que se «trabaja de manera coordinada con la fiscalía del estado de Guerrero, physician en relación con el hallazgo de restos óseos».

La fiscalía de Guerrero anunció la noche del martes que fragmentos de dientes, cráneos, mandíbulas y otros huesos, así como restos de ropa y sandalias fueron hallados por campesinos en una brecha entre los pueblos de Coacoyula y Apipilulco.

Este camino, poco transitado por hallarse en un remoto paraje entre áridas colinas, se encuentra en Iguala, donde la noche del 26 de septiembre de 2014 desaparecieron los estudiantes.

«Solicitamos que la Procuraduría General interviniera. Los padres viven con mucha ansiedad y preocupación porque estamos hablando de información que tiene que ver con sus hijos», dijo a la AFP Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y representante de familiares de los estudiantes.

Medios de prensa han difundido versiones extraoficiales en el sentido de que los restos humanos, que estarían calcinados, fueron hallados tras una llamada anónima que habría advertido que se trataba de los estudiantes.

Patrón explicó que se solicitaron análisis de ADN para confirmar si existe «alguna coincidencia genética entre los restos óseos encontrados y algunos de los estudiantes».

Paraje desolado

Un policía federal desplegado en el lugar del hallazgo dijo este jueves a la AFP bajo el anonimato que los campesinos, que realizaban quemas de suelo para la siembra, hallaron los restos «de al menos tres» personas, que tendrían «entre dos y tres años» de antigüedad.

Los restos aparecieron en un remoto paraje ubicado entre áridas colinas, por donde rara vez pasa algún poblador. El predio, cuyo suelo lucía totalmente calcinado, fue dividido por autoridades en grandes con cinta amarilla.

Según el uniformado, armado con fusil y con una especie de machete para abrirse camino entre las ramas secas, esta es la primera vez que se hallan restos humanos en esa zona.

En 2014 se hallaron otras fosas en la comunidad de Pueblo Viejo, también en Guerrero, donde se localizaron 28 cuerpos pero finalmente no correspondían a los jóvenes.

Guerrero, uno de los estados más empobrecidos del país y escenario de violentas disputas entre narcotraficantes, es punto clave para la siembra y tráfico y en distintos puntos de su geografía se han localizado fosas clandestinas.

Hasta ahora, con el apoyo del Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck cuyos minuciosos análisis demoran meses, sólo ha sido identificado plenamente un estudiante y otro de manera preliminar.

Encuentro en la CIDH

Según la versión oficial de la fiscalía general, los jóvenes fueron atacados por policías corruptos de Iguala, quienes los habrían entregado al cartel Guerreros Unidos.

Los criminales los habrían asesinado e incinerado los cuerpos en un basurero del poblado de Cocula y arrojaron los restos a un río, lo que sin embargo ha sido rebatido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH que hasta abril pasado colaboró en las investigaciones.

La canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu se reunió este jueves en Ciudad de México con familiares y abogados de los estudiantes para informarlos sobre cómo darán seguimiento a las recomendaciones del GIEI.

Según un comunicado de la cancillería, en el encuentro se subrayó la necesidad de «definir un mecanismo que tenga como prioridad a las víctimas y el esclarecimiento de los hechos».

El próximo sábado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, se reunirán las partes para determinar del mecanismo de seguimiento que estará a cargo de la CIDH.

Los expertos concluyeron un año de trabajos denunciando «obstrucciones» del gobierno, que rechazó las imputaciones pero que por el caso Ayotzinapa ha sido blanco de duros cuestionamientos dentro y fuera de México.

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