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Buenos Aires/AFP
Los procuradores generales de Argentina, Alejandra Gils Carbó y de Brasil, Rodrigo Janot, acusaron a sus respectivos gobiernos de obstruir la conformación de un equipo de investigación por el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, según un comunicado conjunto.
«Advertimos que las autoridades centrales en materia de cooperación jurídica internacional de ambos países -Ministerio de Justicia de Brasil y Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina-, presentan obstáculos y requerimientos» dice el comunicado divulgado la noche del lunes por ambas fiscalías.
Según el texto, estos obstáculos «constituyen injerencias indebidas en el desarrollo de los acuerdos que en materia de investigación del caso Odebrecht realizaron los Ministerios Públicos de Brasil y Argentina».
Ambos ministerios públicos firmaron el 22 de junio pasado un acuerdo de cooperación para la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) tal como lo prevén tratados internacionales como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
El martes al mediodía, Janot reforzó el mensaje en Brasilia: «El combate a la corrupción no puede restringirse individualmente a los países porque los delitos atraviesan las fronteras», dijo a periodistas en la sede de la procuraduría.
Janot reveló que Brasil estaba enfrentando problemas para hacer investigaciones conjuntas de los crímenes cometidos por Odebrecht en varias naciones.
«El de Argentina no es el primer equipo que no conseguimos armar. Recuerdo que el Ministerio Público de Suiza propuso montar uno hace más de un año y aún no se formó, el mismo caso con el Ministerio Público de España, que tampoco salió, y ahora este con Argentina», señaló.
Fiscales versus gobiernos
El comunicado conjunto de Argentina y Brasil llevó la firma de Gils Carbó, enfrentada con el gobierno de Mauricio Macri, y de Janot, que denunció al presidente brasileño Michel Temer por corrupción pasiva, la primera acusación por un crimen común contra un mandatario en funciones de la historia de ese país.
Según el documento, «el Ministerio de Justicia brasileño exigió una intervención directa en la redacción del Acuerdo de Constitución del ECI, orientada, fundamentalmente, a que las pruebas compartidas en ese marco de cooperación sean ‘tramitadas por las autoridades centrales'».
También cita que la cancillería argentina «propuso convertir el Equipo Conjunto de Investigación en un tratado internacional negociado por los Poderes Ejecutivos».
«Ambas solicitudes desvirtúan la herramienta de cooperación entre los órganos judiciales competentes para la investigación», advirtieron los dos procuradores.
La constructora brasileña está en el centro de un escándalo de corrupción que estalló en Brasil con la investigación conocida como ‘Lava Jato’ y que salpicó a varios países de la región, donde está acusada de pagar sobornos a cambio de ganar licitaciones para obras públicas.
En uno de sus acuerdos de colaboración con la Justicia brasileña, Odebrecht confesó haber pagado más de 3.000 millones de dólares por debajo de la mesa en América Latina y África.
En Argentina la empresa fue suspendida en julio pasado y por un año para participar de licitaciones. En ese país es investigada por al menos tres contratos: el «soterramiento» (bajo tierra) del ferrocarril Sarmiento, la planta potabilizadora de AySA y los gasoductos Norte y Sur.
En el caso de AySA se sospecha que pagó sobornos por unos 14 millones de dólares entre 2007 y 2014, según documentos de la investigación que cita este martes el diario La Nación.
Se trata de un supuesto pago que involucra a exfuncionarios del Ministerio de Planificación que conducía el actual diputado kirchnerista Julio de Vido, aunque se sospecha que las maniobras de Odebrecht pueden salpicar también al actual gobierno de Mauricio Macri.
La empresa brasileña admitió ante la justicia de Estados Unidos que pagó más de 35 millones de dólares de sobornos entre 2007 y 2014 en la Argentina.
