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@arpassv
En su artículo de opinión “Cinco razones para no reelegir al Fiscal General”, shop el reconocido periodista Héctor Silva Ávalos sostiene que Luis Martínez “ha ocupado casos abiertos para negociar su reelección”. Dice que diputados de derecha y de izquierda se lo han confirmado.
De ser así –advierte Silva Ávalos- casos como el del ex presidente Francisco Flores dependen, por ahora, de quiénes le den más votos a Martínez y quiénes no.
Si lo que legisladores de ambos lados del espectro político han dicho a Silva Ávalos, la situación es reprobable: el Fiscal Martínez estaría utilizando el chantaje como herramienta para negociar su reelección. El Fiscal estaría ofreciendo cerrar casos y abrir otros, a fin de lograr los 56 votos para seguir en el cargo.
El chantaje parece ser un instrumento de constante uso fiscal. Según el periódico digital El Faro, el Fiscal usó el chantaje en casos como el del sacerdote español Antonio Rodríguez.
Según El Faro, Martínez logró la confesión del “Padre Toño” mostrándole grabaciones de conversaciones íntimas obtenidas de escuchas telefónicas ilegales. Las grabaciones también fueron mostradas a líderes religiosos y a diplomáticos españoles quienes “se sintieron implícitamente amenazados por el Fiscal”.
Además de amenazas y chantajes, el menú de actitudes arbitrarias del Fiscal incluye represalias contra quienes critican sus negligencias y omisiones.
Martínez amenazó con procesar a los querellantes particulares del “Caso Flores” y a representantes de organizaciones ciudadanas que dan seguimiento al juicio contra el ex presidente arenero. El Fiscal también intentó censurar a medios que difundían “información confidencial” del caso.
Ante esto es urgente que las organizaciones sociales, sectores democráticos y toda la población decente se movilicen para exigir a los grupos parlamentarios que no cedan a los chantajes y presiones del Fiscal Martínez.
Los diputados no deben reelegir a un fiscal que no cumple su papel de defender los intereses del Estado y la sociedad y tiene demandas en el Tribunal de Ética Gubernamental, peticiones de destitución en la Asamblea y una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia.
Por cierto, la Sala –que revirtió la elección de magistrados de la Corte de Cuentas y presidentes del Tribunal Supremo Electoral, Consejo de la Judicatura y de la mismísima Corte Suprema- ni siquiera admitió la demanda contra el nombramiento del Fiscal.
