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AVN
La fiscal general venezolana, recipe Luisa Ortega, tadalafil informó hoy que por los hechos violentos -generados por la extrema derecha venezolana desde febrero pasado y que han causado 42 muertes- 213 personas están privadas de libertad, sovaldi y de ellas sólo 17 demostraron ser estudiantes.
Eso significa que 92,1% de las personas que permanecen detenidas no son estudiantes, como pretende hacer ver la derecha venezolana.
En su programa radial Justicia y Valores, que transmite la emisora privada Unión Radio, indicó que entre los detenidos por estos hechos, que también han dejado daños materiales a la Nación, están siete adolescentes, quienes fueron puestos, por parte de los tribunales, a la orden del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Bolivariano Libertador, institución que será responsable de entregarlos a sus padres o representantes.
La fiscal Ortega recalcó la importancia de que el proceso de entrega esté acompañado de una charla, dirigida a los padres y representantes, sobre las responsabilidades establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes (Lopna).
Sobre los casos que se llevan adelante en materia de derechos fundamentales, informó que en esa área se adelantan 180 investigaciones, de las que 20 ya tienen actos conclusivos, que pesan sobre 12 funcionarios.
Explicó que, de los 20 actos conclusivos, seis son acusaciones: uno por homicidio consumado y cinco por trato cruel.
Además, se han tramitado 12 sobreseimientos a nueve funcionarios y se decretaron dos archivos fiscales por trato cruel.
Precisó que sólo quedan activas 160 investigaciones: Dos por homicidio consumado, dos por tortura y 156 por trato cruel. 1
1 funcionarios han sido privados de libertad en virtud de las investigaciones, tres con medida cautelar sustitutiva de libertad y una orden de captura pendiente por ejecutar.
La Fiscalía presentó entre los días 15 y 21 de este mes 35 actos conclusivos, 20 acusaciones contra 38 personas, 14 solicitudes de sobreseimiento sobre 11 personas y el decreto de un archivo fiscal.
Por otra parte,Ortega cuestionó la actuación injerencista de Estados Unidos (EEUU) sobre los asuntos internos de Venezuela, a propósito de las medidas de sanciones decididas por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado del país del norte contra funcionarios nacionales.
«¿Quién les dio (a EEUU) la potestad de ser policía, fiscal y juez, para decidir si sanciona a otros Estados?», se preguntó.
Durante la entrega a los familiares del luchador social Alberto Rudas Mezones de los restos de este joven asesinado en 1961, en Caracas, calificó de insolentes las decisiones de la Administración estadounidense sobre el país suramericano.
«Lo vuelvo a decir, los hijos de Bolívar se respetan», enfatizó, y refirió que EEUU mantiene una política abierta de violación de los derechos humanos, entre ellas la pena de muerte.
También resaltó la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992 como una respuesta al estallido social de febrero y marzo de 1989, en el que se produjo una masacre de centenares de personas que protestaban contra las medidas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI), impuestas por el ex presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez.
