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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, dijo anoche que la escasez de recursos impide a esa institución avanzar en el combate al crimen y la impunidad, debido a que los retos son muchos, pero el presupuesto continúa siendo deficiente.
Además, reveló que se buscan reformas en el tema de la corrupción para evitar que estos casos no prescriban como ocurre en la actualidad, cuando muchos exfuncionarios de gobiernos anteriores ya no pueden ser investigados ni procesados porque ya vencieron los plazos en que podía hacerse.
Entre estos se encuentran exfuncionarios de la administración de Francisco Flores, a quienes tampoco les inició expediente la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia cuando aún no se habían cumplido los diez años que establece la ley como límite para investigarlos y procesarlos por actos de corrupción.
Durante el programa Debate de Canal 35 (5 en cable) transmitido anoche, Meléndez lamentó que las prácticas de robo a las arcas públicas continúen a pesar de las grandes limitantes financieras que enfrenta el Estado y la pobreza que afecta a buena parte de la población.
“En el contexto de necesidades fiscales que existen, no es posible que en el sector público, en el Estado y municipalidades se sigan sustrayendo fondos públicos y dándose manejos irregularidades de contrataciones, esto debe parar, la gente ya está cansada de estar viendo lo mismo y que funcionarios públicos se abroguen y que están en la impunidad y siguen cometiendo acciones”, señaló.
Según el fiscal general, en El Salvador nunca se le quiso entrar a investigar la corrupción y el lavado de dinero a pesar de que siempre ha existido los indicios fuertes de estas prácticas.
“Se han generado un cúmulo de situaciones que nunca se llegaron a investigar, por ejemplo en El Salvador siempre se ha sabido que hay corrupción, lavado, pero ¿dónde han habido investigaciones fuertes de corruptos o de lavadores?”, cuestionó el titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
En tal sentido la Fiscalía está evaluando la implementación de una serie de reformas en el tema de la corrupción y en endurecer la tipificación de estos actos delincuenciales. “Que estos delitos de corrupción no prescriban porque el corrupto lo que hace es esconder el dinero, lo manda para otros países y espera que pase el tiempo de la prescripción, que pasen los años y de repente lo saca, antes lo sacaban luego, hoy lo ocultan, algunos”, señaló. El fiscal volvió a cuestionar a un sector del sistema judicial y señaló como ejemplo que algunos jueces han emitido resoluciones blandengues en casos de corrupción que le han sido remitidos desde la fiscalía. “Ya empezamos a medir el termómetro con algunos casos que hemos llevado y se ha visto lo blandengue de la respuesta del órgano judicial, de algunos jueces”, lamentó.
Meléndez mencionó también el caso de las investigaciones de presunta corrupción cometidos en la Alcaldía de Ahuachapán y, refiriéndose a tal caso manifestó que en conversaciones con autoridades fiscales de Guatemala llegaron a la conclusión de que los corruptos no se detienen a pesar de que están viendo los procesamientos de funcionarios y exfuncionarios señalados de ese tipo de prácticas. “Esto proviene de la misma cultura de pasar sobre la ley y decir: yo estoy la impunidad y aquí no pasa nada”, señaló. En el caso de la alcaldía ahuachapaneca, Meléndez dijo que incluso han recibido información de presuntas irregularidades que se cometieron en la anterior administración municipal que estuvo a cargo del arenero Rafael Morán, lo cual se va investigar para confirmarlo.
El fiscal también se refirió al arbitraje internacional ganado por el Estado salvadoreño a la empresa minera Pacific Rim, que había demandado al país por haberle impedido continuar con un proyecto de explotación minera en territorio nacional.
El permiso de exploración minera fue otorgado durante el gobierno del ex presidente arenero Francisco Flores, pero la siguiente administración de Antonio Saca, no otorgó la autorización para explotar minas.
Luis Parada, integrante del equipo defensor de El Salvador en arbitrajes internacionales, manifestó que el Estado salvadoreño no ha perdido ninguno de cuatro arbitrajes enfrentados en tribunales internacionales, de los cuales ganó tres y llegó a un acuerdo negociado en el otro. Dicho acuerdo negociado se firmó con la empresa italiana Enel, donde el Estado recuperó para el país el control accionario de la empresa LaGeo que también había sido otorgada a empresarios italianos durante la administración del expresidente Flores, a través de un contrato considerado como irregular por el gobierno del expresidente Mauricio Funes. “Fue una solución negociada con Enel, que fue beneficiosa para El Salvador y beneficiosa para Enel y por eso fue arreglada de esa forma”, manifestó Parada. El abogado explicó que desde 2007 el país no ha entregado ningún permiso para explorar ni explotar la minería, que es atribución del Ministerio de Medio Ambiente, pero que se hace necesario reformar la ley que sí lo permite. Afirmó que el territorio salvadoreño no es óptimo para esa actividad por lo reducido de su territorio y porque los lugares donde se ha descubierto la existencia de oro están ubicados en la cuenca del río Lempa y cualquier actividad en dicha zona contaminaría sus aguas.
