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@JoakinSalazar
Los familiares de los 17 militares señalados en el asesinato de los padres Jesuitas y dos colaboradoras, and defendieron “la inocencia” de estos y exigieron respeto al derecho de libertad.
Los familiares pidieron al gobierno detener la presunta “persecución política” de la que son víctimas los militares, prostate dado que consideran que se utiliza “como cortina de humo para ocultar los problemas del país”.
No obstante, decease la captura de los militares en retiro, obedece a una orden de aprehensión internacional, promovido por un Juez de la Real Audiencia Española, donde los familiares de los jesuitas han promovido un juicio.
El Salvador es suscriptor de tratados internacionales, de ahí que las órdenes de captura que emite INTERPOL, se de obligatorio cumplimiento de El Salvador, por eso es que la PNC e Interpol en El Salvador, deben acatarse.
El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, al explicar el cumplimiento de la orden internacional, manifestó que el destino de los militares capturados está en la Corte Suprema de Justicia, pues, de ella depende que los capturados sean o no extraditados a España.
Juan Orlando Zepeda, hijo del General Zepeda, aseguró que el caso ya fue juzgado y condenado, por lo que ya no procede la acusación que mantiene la Audiencia Nacional de España en contra de su padre y demás miembros del Batallón Atlacatl, responsables del asesinato de los sacerdotes jusuitas.
“Nuestros padres no son prófugos, ellos son libres”, dijo Zepeda ante el señalamiento de las autoridades de seguridad y policiales de que los militares son prófugos de la justicia.
Zepeda aclaró que los militares no se van a entregar ante la justicia, porque ellos ya lo hicieron en el año 2011, cuando la Corte Suprema de Justicia determinó que no procedía su extradición a España.
Carlos Mauricio Guzmán, hijo de otro militar con orden de captura, recalcó que como familiares están dispuestos a defender a sus padres, basándose a la Constitución de la República. Además, denunciaron que en algunos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron violentos al momento de realizar la captura. Al momento de la captura “Golpearon a mis hijos y a mi me ultrajaron”, dijo Irma de Zárpate.
Este hecho fue negado por el Director de la PNC, Howard Cotto quien aseguró que todo fue de acuerdo al respeto de sus derechos de los imputados capturados.
Por su parte, el abogado Lisandro Quintanilla reiteró que harán todo lo posible dentro de la legalidad para impedir la extradición de los militares. Además, el abogado confirmó que el Juzgado Primero de Paz ya realizó las acciones para que el proceso pase a Corte Plena y ellos sean quienes determinen la extradición o no de los implicados.
“Si Corte plena decide que el proceso debe continuar, nos vamos a oponer férreamente”, dijo Quintanilla.
Recientemente, el general Humberto Corado, exministro de Defensa, ha dicho en reiteradas ocasiones que los militares no actúan solo, simplemente obedecen órdenes, y que las órdenes las dan los políticos al más alto nivel, dando a entender que los asesinatos de los jesuitas se cometieron por órdenes superiores, órdenes de políticos.
El político de mayor jerarquía en 1989 era el expresidente Alfredo Cristiani, quien no ha salido al encuentro de las declaraciones de los militares, en el sentido de informar si dio o no órdenes, en su calidad de Presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada, para que asesinaran a los Jesuitas.
