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Por Colette Larraburo/Daniel Bosque
Bayona/Madrid/AFP
Tras más de cuatro décadas de violencia, ETA entregó este sábado en Francia un listado de zulos a las autoridades francesas que deberían suponer el «desarme total» del grupo separatista vasco, a quien el gobierno español exige su disolución.
Para el gobierno de Mariano Rajoy fue una «operación mediática para disimular su derrota». En un comunicado, el Ejecutivo asegura que la única solución para el grupo «es anunciar su disolución definitiva, pedir perdón a sus víctimas y desaparecer».
Horas antes, el gobierno francés había anunciado la recepción a través de intermediarios de una lista de ocho zulos donde deberían encontrarse todas las armas y explosivos que le restan a ETA, que había prometido un «desarme total».
De confirmarse este desarme, supondría un avance casi definitivo para el cierre de un capítulo negro de la historia de España, después de que el grupo renunciara definitivamente en 2011 a la lucha armada por la independencia del País Vasco y Navarra.
Atrás quedaron más de cuatro décadas de violencia y atentados del grupo ‘Euskadi Ta Askatasuna’ (País Vasco y Libertad), nacido en 1959 en la lucha contra la dictadura de Francisco Franco pero que prosiguió su actividad una vez llegada la democracia.
La organización atentó por primera vez en 1969. El historial de asesinatos, ataques con bomba, extorsiones y secuestros dejó un balance de 829 muertos atribuidos a la organización, el último de ellos en marzo de 2010 cuando mataron a un policía en territorio francés.
‘Un gran paso’ para París
«Es un gran paso», un «día sin duda importante», dijo el ministro francés de Interior, Matthias Felk, anunciando una operación policial para localizar estos escondites.
Estos zulos contienen «120 armas de fuego, tres toneladas de explosivos y miles de municiones», dijo en Bayona (suroeste de Francia) Michel Tubiana, partícipe en el proceso de desarme, una cantidad que encaja con las estimaciones de las fuerzas antiterroristas.
Según fuentes cercanas al desarme, estos depósitos se encuentran en el departamento de los Pirineos Atlánticos del suroeste francés, fronterizo con España y refugio habitual del movimiento clandestino.
Fuentes judiciales en ambos países estiman que ETA «agoniza» y el movimiento clandestino sólo tendría «unos treinta miembros» fuera de la cárcel, donde aún permanecen unos 360.
Desde 2011, ETA se resistía al desarme incondicional y la disolución que le exigían Madrid y París y reclamaba para ello una negociación sobre el futuro de sus presos en España y Francia y sus escasos militantes en activo.
Pero el jueves, a través de un comunicado enviado a la BBC, el grupo anunció que este sábado se produciría su «desarme total».
La Comisión Internacional de Verificación (CIV), una estructura no reconocida por Madrid y París pero sí por el ejecutivo regional vasco, consideró que el desarme había sido completo.
«Este paso histórico ayudará a consolidar la paz y la convivencia en la sociedad vasca», dijo su coordinador Ram Manikkalingam, encargado de anunciar a primera hora la entrega de esta lista a las autoridades francesas.
Para Madrid esto no cambia su postura. «Los terroristas no pueden esperar ningún trato de favor del gobierno y mucho menos impunidad a sus delitos», señaló el ejecutivo en su comunicado.
‘Sin impunidad’
Al margen de la operación de «desarme», se convocó una «gran manifestación popular» para el sábado en Bayona.
Desde el nacionalismo vasco se celebró esta entrega. «La confirmación del desarme legal, definitivo y sin contrapartidas es un paso fundamental» en el proceso de paz, dijo el presidente regional vasco, Iñigo Urkullu.
Para el líder de la izquierda independentista Arnaldo Otegi, exmiembro de ETA y considerado una figura clave para la paz, es un «acontecimiento histórico» que abre «un nuevo escenario» en el que los vascos caminarán «hacia la construcción de un Estado en Europa», dijo a la AFP.
Esta alegría contrasta con el recelo de los familiares de las víctimas, temerosos de que este desarme busque borrar un oscuro pasado.
El viernes, una veintena de asociaciones reclamaron que el final del grupo no esté «presidido por la impunidad» ya que aun quedan centenares de crímenes sin resolver y reclamaron al grupo su «disolución incondicional e inmediata».
Además, también pidieron a Francia y España «la estricta aplicación de la ley» contra los presos y los miembros todavía en activo frente a la flexibilización de la política penitenciaria reclamada por el entorno de ETA y el nacionalismo vasco.
