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Ederson Sibrian/
Secretaría de Comunicaciones UES/ @DiarioColatino
La década de los 70´s marca en la historia de la Universidad de El Salvador una serie de sucesos que afectan la vida de la comunidad universitaria, hospital uno de ellos es la masacre estudiantil que este 2015 cumple 40 años.
Los hechos sucedieron la tarde del 30 de julio de 1975, cialis los estudiantes marchaban de forma pacífica rumbo al centro de la capital, cuando al llegar al paso a desnivel, ahora avenida Héroes y Mártires del 30 de Julio (antigua 25 avenida norte) y la Alameda Juan Pablo Segundo (antigua 7a calle poniente), los estudiantes fueron acorralados por un contingente de miembros del ejército y cuerpos de policiales que los esperaba frente al Hospital Rosales, sobre la misma avenida.
Durante décadas, estudiantes y docentes víctimas que participaron en la marcha, han mantenido viva la memoria histórica y relatan la frialdad y la barbarie con la que la Guardia Nacional y elementos del ejército arremetieron contra la manifestación. La prensa de la época hablaba de diversos números de personas asesinadas y muchos otros desaparecidos y lesionados, números que por falta de investigaciones nunca ha sido posible corroborar.
La marcha en la sede central de la UES, fue convocada en protesta por la intervención del Centro Universitario de Occidente realizada el 25 de julio por las fuerzas militares del presidente Armando Molina que impidieron la salida del acostumbrado “Show Bufo”, que los estudiantes desarrollaban cada 26 de julio. Los Universitarios de Santa Ana criticarían el régimen de Molina, ridiculizándolo en un desfile bufo en el marco de las fiestas julias de 1975.
El Salvador no estuvo exento de los regímenes militares que en la década de los 70 fueron como una moda de gobernar en el ámbito latinoamericano. Las sátira y el humor contra los regímenes eran reprimidas y poco se conocía el concepto de Derechos Humanos.
Un antecedente a los hechos de 1975 se remonta a la intervención militar de 1972, la universidad ya estaba en la mira de la dictadura militar. Rafael Menjívar, rector de la UES en esa época, tenía cuatro meses en el rectorado y el coronel Arturo Armando Molina 19 días de haber asumido la presidencia, cuando el 19 de Julio de 1972, mediante decreto legislativo, debido a las “constantes violaciones a la Ley Orgánica y Estatutos,” de acuerdo con la versión oficial, se deja sin efectos los nombramientos de autoridades docentes, personal administrativo y de servicio dando paso al cierre de las instalaciones universitarias.
Según el historiador de la Universidad de El Salvador, Carlos Gregorio López, en 1975 el país venía enfrentando una creciente crisis relacionada desde la década de los 50 con todo el modelo de modernización y desarrollo de la economía del país. En 1969 año de la guerra contra Honduras ese proyecto finalmente se cae y en adelante el país enfrenta mayores dificultades. Cada vez se recurre más al fraude en las elecciones que genera un desencanto en la oposición, hay una creciente organización popular en el campo y en la ciudad a nivel de estudiantes y obreros y el gobierno va a responder cada vez con niveles de represión.
Año con año la masacre se convierte en un hecho simbólico de impunidad que la Universidad guarda en su memoria. El Procurador para Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, afirma que es un hecho en impunidad, “jamás las autoridades del sistema de justicia, Fiscalía General y Tribunales realizaron investigaciones protegiendo a los actores de la matanza” y considera que la masacre del 30 de julio “es uno de los más graves hechos represivos que inician toda una era de terrorismo de Estado en El Salvador”.
Luego de los Acuerdos de Paz el gobierno y el FMLN acordaron establecer en 1993 una Ley de Amnistía que según su Art. 1 concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos antes del año de 1992. Este año El Salvador aceptó en Ginebra “enmendar la Ley de Amnistía General de 1993, que dio por cerrado el conflicto interno, la cual “sigue impidiendo que se castigue a los autores de graves violaciones de derechos humanos”, como le recomendara la República de Corea en octubre de 2014, durante el Examen Periódico Universal (EPU), cuyo informe fue aprobado en marzo del presente año por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó en el año 2013 que la Ley de Amnistía debía quedar sin efecto, pues representa un obstáculo para la investigación de graves delitos cometidos durante el conflicto armado que vivió El Salvador entre 1980 y 1992.
En 2013 la sala de lo constitucional admitió una demanda interpuesta que busca declarar inconstitucional la Ley de Amnistía.
El procurador de Derechos Humanos, David Morales, refiriéndose a la masacre del 30 de julio, asevera que se trata de una clara violación a los derechos Humanos, y no pueden estar comprendidos dentro de las leyes de amnistía, inclusive la jurisprudencia constitucional de El Salvador desde el año 2000 ha establecido claramente que violaciones graves a los derechos humanos no pueden estar sometidas a las amnistías.
El paradero de las víctias del 30 de julio no ha sido esclarecido, los testigos mencionan que en los sucesos se produjo eliminación de personas y mucha de las víctimas están en condición de desaparecidos. “La desaparición forzada es un delito permanente que se reproduce cada día hasta no establecer el paradero de la víctima viva o muerta, de tal manera que las personas desaparecidas durante la masacre del 30 de julio siguen desaparecidas en la actualidad y por lo tanto pueden reconocerse como casos de desaparición forzada a los que no se puede aplicar la amnistía, ni prescripción, ni otra figura excluyente de responsabilidad penal”, expresó el Procurador.
Las matanzas de personas o las ejecuciones extralegales “violentan la vida, la integridad, la libertad de muchas personas”, en la masacre del 30 de julio, Morales asegura que además se violentan el derecho a la verdad, el derecho a conocer lo ocurrido por parte de las familias que perdieron ahí a sus seres queridos, pero también la comunidad universitaria que como colectividad son titulares también del derecho a la verdad.
