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sábado , 16 diciembre 2017
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Estado, fractura social y crimen

Oscar A. Fernández O

Oscar A. Fernández O

Oscar A. Fernández O.

La inseguridad se transfiere con facilidad. La seguridad es interdependiente. Ello requiere un abordaje comprensivo que dé cuenta de manera simultánea de diferentes políticas públicas tales como las referidas a: rediseño de los sistemas de seguridad, viagra justicia penal, defensa nacional y el rol de los gobiernos locales; reformulación de las políticas sociales; el desarrollo de políticas que contribuyan a la cohesión e integración social; la construcción de un sistema efectivo y expedito de resolución de conflictos menores y un conjunto de iniciativas que permitan cualificar la capacidad de gobernar y desarrollar la democracia participativa.

Sin atacar los factores que construyen el contexto y la base para la violencia y el crimen no se lograrán progresos en el desarrollo de los seres humanos en nuestras sociedades.

Para manifestarnos objetivamente sobre el fenómeno de la violencia agravada  y la inseguridad, debemos aceptar como premisas: 1) la inseguridad no es causada por un factor, sino por la convergencia de muchos, ligados a vulnerabilidades humanas y sociales. 2) La inseguridad de los ciudadanos es un obstáculo para el desarrollo humano, que sumado a la inadecuada repartición de la riqueza nacional, limita las posibilidades individuales para concebir y concretar un proyecto de vida, y erosiona la solidaridad y los valores positivos de una vida democrática. 3) Es posible construir una sociedad más segura si se atienden las formas de vulnerabilidad social en que proliferan la violencia y el pillaje, y se fortalecen los mecanismos colectivos de protección y capacidad de las personas para activarlos; 4) Para ello hay que construir una policía ligada a la comunidad, como un concepto de servicio público, conservando el privilegio en el uso de la fuerza como última ratio; 5) Desarrollar la inteligencia policial y la investigación científica del crimen; 6) Atacar las causas fundamentales de la generalización del crimen que se encuentran en las asociaciones criminales de gran poder económico, generalmente ligadas al poder político, por medio de su principal vehículo: la corrupción.

En este contexto, los organismos de información pública juegan un papel importante. Una sociedad apropiadamente informada, potencia a las personas para encontrar respuestas y desarrollar acciones cooperativas. Por el contrario, en una sociedad bombardeada con miedo, se inhiben las capacidades, se incrementa la desconfianza y con ella la falta de cooperación. El aislamiento incrementa los riesgos. Comprender las diferentes expresiones de la violencia permitirá desarrollar mejores políticas públicas que tengan como norte el desarrollo humano, es decir, aumentar las opciones de las personas para que puedan mejorar sus vidas.

Hasta la llegada de la Ilustración, la ley penal fue utilizada brutalmente por los Estados y la Iglesia, como mecanismo de opresión y sometimiento a sus vasallos, por parte del señorío feudal y la monarquía. Sin embargo, en la cabeza de los políticos tradicionales la solución sigue siendo el aumento del castigo, principalmente dirigido a las clases desposeídas, secularmente reprimidas.

Las heridas dejadas por las dictaduras en la región, en muchos casos siguen abiertas, en la actualidad son exacerbadas por los grupos más conservadores, impulsadoras de modelos punitivos que castigan al excluido y protegen los intereses del gran capital, dónde se resguarda con especial dedicación la propiedad privada más que a la vida. Esta misma idea que inspiraba al Derecho penal medieval es trasladada, con las lógicas distancias, a contextos históricos como el actual, en los que la normativa sancionatoria se constituye nuevamente, en el arma política más poderosa para atropellar los derechos y libertades fundamentales de una inmensa mayoría de marginados.

El terrorismo ejercido desde el Estado se expresó en genocidios, en desapariciones forzosas, en tortura y en las formas más aberrantes de práctica de la violencia del sistema. Nuestra sociedad y del resto de América Latina, debieron convivir con las “guerras internas”, la violencia, la opresión y el miedo por décadas. Se buscó imponer un “orden” por la fuerza, fue la negación de la política y la legitimidad del poder abusivo.

El Estado de Derecho era una quimera, privaba un régimen de terror. La violencia era ejercida no sólo por actores “oficiales” sino por actores armados amparados por el Estado, pero al margen del respeto a la ley. “La naturaleza de la violencia política ejercitada en los años de dictadura militar no tiene paralelo con ningún momento de la historia latinoamericana” (Torres-Rivas, 1998). Sólo la brutal conquista de América puede ser equivalente.

Este conjunto de cambios en los sistemas políticos fue acompañado de un triste cambio en los patrones de inserción económica. El resultado fue debilitar aún más las capacidades del Estado para proveer bienes públicos y seguridad a sus ciudadanos. La polarización económica- social y la inequidad se asentaron como un rasgo característico de la región. Las sociedades post conflicto, las transiciones a la democracia y los desarrollos del modelo neoliberal redujeron las capacidades del Estado y le abrieron espacios a nuevos actores armados, a una nueva violencia.

La inseguridad en las sociedades latinoamericanas se encuentra más ligada a la debilidad del Estado, agravada por  el modelo neoliberal, que a las nuevas fuerzas y actores. Nuevos tipos de conflictos reducen la capacidad de los Estados. Los países de la región encuentran grandes dificultades para enfrentar estos nuevos retos. Es decir, los actores no estatales ilegales poseen capacidad para constituirse en amenazas efectivas al Estado. La debilidad del Estado es una condición de inseguridad que lo afecta a él mismo, como a su población. Y va más allá. La inseguridad en un Estado genera una expansión de ésta a los vecinos. La inseguridad fluye más allá de las fronteras. De allí la preocupación creciente sobre los “espacios sin ley” que ya hemos denunciado.

La transnacionalización del crimen ha aumentado los problemas que de él se derivan. El crimen organizado cruza las fronteras y sus acciones se relacionan con los distintos tipos de amenazas de carácter global. Para poder enfrentar esta nueva forma de criminalidad es necesario contar con una perspectiva y visión transnacional; esto significa coordinar políticas globales y locales, convirtiéndose esto en uno de los principales retos que poseen los Estados, las sociedades y todos los actores que buscan enfrentar este flagelo.

Si el abuso del Estado generaba la mayor amenaza para la población, durante las dictaduras y la Guerra Fría, en la actualidad la debilidad o la ausencia del Estado se constituyen en el mayor detonante de la inseguridad en América Latina. Los Estados están desarrollando una “guerra” continua contra la violencia y el crimen, las cuales poseen múltiples manifestaciones. Esta forma de enfrentamiento corresponde a lo que se denominan las “guerras de la globalización” o “nuevas guerras”.

Éstas implican un des-dibujamiento de las distinciones entre guerra (normalmente definida como la violencia por motivos políticos entre Estados o grupos políticos organizados), crimen organizado (la violencia por motivos particulares, en general el beneficio económico, ejercida por grupos organizados privados) y violaciones a gran escala de los derechos humanos (la violencia contra personas individuales ejercida por Estados o grupos organizados políticamente).

Por tanto, la compleja solución a esta problemática social, pasa necesariamente por el rediseño y fortalecimiento del Estado efectivamente democrático y el acercamiento prioritario y real  con los sectores poblaciones marginados y excluidos. En esta dirección, hoy en El Salvador, el cambio histórico ya ha iniciado.

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