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@JoakinSalazar
“Del Estado no existe ningún interés y es tratado de forma escueta” son algunas de las evaluaciones que las organizaciones de defensa de derechos humanos plantean con respecto al papel del Estado en cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, que cumplió recientemente un año de que la Sala de lo Constitucional resolviera.
Ayer, la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia realizó la audiencia pública de seguimiento al cumplimiento de la sentencia del 13 de julio de 2016, con la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, que puso fin a la impunidad que por años imperó, luego del conflicto armado, que dejó miles de víctimas que se vieron afectadas.
En la sentencia, la Sala estableció que el Órgano Legislativo, Ejecutivo, Fiscalía General de la República, (FGR), Ministerio de Hacienda y Procuraduría para la Defensa de los derechos Humanos tenían que cumplir con medidas de reparación para con las víctimas.
Miguel Montenegro, Director de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que “la audiencia es positiva porque es primera vez que se realiza, nos parece que es importante porque en esta manera se está evaluando y si están respondiendo al mandato, sin embargo, creo que tanto el Fiscal como la Asamblea no han sabido responder debidamente, si lo han hecho, lo hacen de manera escueta, lo que significa que no ha habido un mayor esfuerzo, esto obliga a comprometerse a una serie de acciones que ojalá cumplan”.
Y es que dentro de la audiencia, en la que participaron representantes de las entidades demandadas como la Asamblea Legislativa, representado por su presidente Guillermo Gallegos y el Fiscal General, Douglas Meléndez, esos expusieron sus argumentos y avances, los cuales dejaron un mal sabor de boca a las organizaciones, que afirman que no han hecho mayor situación.
En el caso de la Asamblea Legislativa Guillermo Gallegos manifestó que hasta el momento no han cumplido la sentencia, admitió que ningún partido político ha mostrado interés en dar cumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad, sin embargo informó que se ha hecho esfuerzos para beneficiar a Veteranos de Guerra.
Asimismo, en su postura, Gallegos dijo que como presidente se comprometía ante la Sala de lo Constitucional para cumplir con la sentencia, sin ofrecer un plazo de tiempo, aun así él se comprometía que antes que este año finalice habrá iniciativa de ley.
“Es lastimoso, un presidente de la Asamblea Legislativa, un padre de la patria que no entienda la diferencia entre víctimas y veteranos de guerra, es terrible, los veteranos de guerra de ambos bandos son los que cometieron los atropellos en contra de las víctimas. Han querido justificar con $16 millones lo que viene de sentencia de la Corte Interamericana, que está obligado el país a cubrirlo, que lo está haciendo el Ejecutivo, como Asamblea Legislativa, no hay presupuesto para las víctimas y reparación. No han tenido en cuenta que estamos elaborando una Ley de Reparación Integral”, dijo Eduardo García, representante de Pro Búsqueda.
De igual manera recalcó “espero que con el compromiso que ha hecho, el presidente de la Asamblea, pueda dar iniciativa de Ley”.
Inma Guirola, una de las ciudadanas demandante, instó a la Asamblea Legislativa para la creación de una comisión que supervise el cumplimiento de la Sentencia, iniciativa que Gallegos aceptó.
En el caso del Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, afirmó que como parte del cumplimiento de la sentencia, la institución ha creado un grupo de fiscales para investigar los delitos cometidos en el conflicto armado.
Además, que se incluye en un plan de investigación de cómo abordar los casos y de resguardo a sectores excluidos por otros titulares, como mujeres, LGBTI y víctimas del conflicto armado.
Meléndez, a través del coordinador de la unidad especial, aseguró que ya trabajan en los casos conocidos emblemáticos como las masacres de El Calabozo y el Mozote y lugares aledaños, además que se ha girado orden de captura en el caso de involucrados en derribar un helicóptero donde se transportaban ciudadanos estadounidenses, en Lolotique, San Miguel en 1991.
El Fiscal detalló que le hacen falta recursos para aplicar a los más de 130 casos que han sido denunciados por las organizaciones sociales, dado que hasta el momento solo cuenta con tres fiscales para esta cantidad de casos. Meléndez recalcó que necesita una inversión de siete millones de dólares para dar cumplimiento.
“El Fiscal vuelve con el mismo argumento, no tiene presupuesto, cuantos fiscales están destinando a casos como el del Gordo Max, Toni Saca o Ciber Ataques, mientras que en estos casos solo tienen tres para una abrumadora cantidad de casos. Nos demuestra que no estamos abordando como personas esto, estamos invisibilizando a las víctimas y es doloroso que se diga que no da la información la Fuerza Armada, cuando el Ministerio Público puede hacer una acción coercitiva para obtenerla, un allanamiento o intimación. Nos parece que deberían de hacer un mayor esfuerzo”, agregó García, ante el trabajo de la Fiscalía.
Los titulares de la diferentes entidades del Estado, aseguraron que el Ejecutivo no ha hecho acciones a favor de generar medidas para cumplimiento de la sentencia, la Asamblea espera una iniciativa de Ley, mientras que el Fiscal estableció que el Ejecutivo no da fondos para trabajar.
Sin embargo, el Órgano Ejecutivo tiene el deber de diseñar, implementar y dar seguimiento a políticas de Estado en materia de protección, promoción y garantía de los derechos fundamentales.
