Gabriela Castellón Fajardo
Miguel Vaquerano
 Redacción Diario Co Latino

A pesar del intento del partido en el Gobierno, FMLN, por aprobar una serie de reformas que permitan establecer parámetros y regulaciones en el tema de los desalojos de los vendedores informales, en las calles de los 262 municipios del país, ayer la propuesta regresó, por segunda vez, a la comisión respectiva para ser analizada.
El grupo parlamentario del FMLN mantiene una postura de “condena” hacia el procedimiento utilizado por el alcalde de San Salvador, Norman Quijano. En ese sentido, el partido manifestó, por medio de un comunicado de prensa, que a pesar de estar de acuerdo con el ordenamiento de la capital, no se debe llegar a actos violentos que no respeten los derechos humanos.
“Todo ordenamiento debe hacerse con base al diálogo, a la concertación y participación de los sectores involucrados”, reza el texto. Además, el grupo efemelenista manifestó que es importante garantizar las alternativas de solución para los afectados.
La reforma al Código Electoral, por la que aboga el partido de izquierda, pretende agregar un artículo, el 137-A, donde se establecería el proceso de ordenamiento de las ventas del sector informal. Asimismo, propone que las personas con más de 20 años de vender en un lugar, sólo podrán ser desalojadas cuando las comunas cuenten con espacios de reubicación.
Pese a que los efemelenistas no consiguieron el apoyo necesario para la aprobación de la reforma, sí acordaron convocar, para el próximo 14 de noviembre, a la reunión de la comisión de trabajo respectiva, a la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures) y a los comerciantes, con el fin de llegar a una propuesta que incluya el beneficio de los involucrados.
La bancada izquierdista también hizo referencia al tema del “Día de la No Violencia Contra la Mujer” y criticó el actuar del arenero, denunciando que se violentaron los derechos humanos de más de 3 mil 600 mujeres vendedoras del sector desalojado (33 cuadras del centro histórico), cuya representación es del 70% de los afectados.
El FMLN cree que tanto el gobierno nacional, como el local, deben tomar en cuenta al comercio informal, como sector importante de la economía nacional. Además, los diputados de dicho partido dijeron “rechazar” que el edil capitalino haya calificado de “delincuentes” a los vendedores.
En ese sentido, exhortaron a Quijano a que, si tiene pruebas de dichas acusaciones, “acuda a las autoridades pertinentes, para los procedimientos legales que correspondan”.
Se conoce que fueron más de 900 puestos destruidos en el Centro Histórico de San Salvador, y que el alcalde Norman Quijano, también candidato presidencial de ARENA, no dio las alternativas necesarias para ubicar las ventas informales en establecimientos apropiados.
Damián Alegría, diputado del FMLN, dijo que el partido de izquierda no está en contra del ordenamiento, pero si de que se ignore a los vendedores desalojados, sin brindarles alternativas viables. Condenó que se les tilde de delincuentes; ya que “en su mayoría son mujeres” que se dedican a criar a sus hijos.
Asimismo, respaldó el pronunciamiento del procurador para la Defensa de los Derechos Humanos Óscar Luna,  quien catalogó el desalojo de forzoso. “La gente tiene deseos de trabajar y no se les puede quitar estas alternativas”, dijo el diputado Alegría.
Luna, en recientes declaraciones condenó de manera tajante el desalojo de vendedores informales del centro de San Salvador y reiteró que no era el momento de proceder, ya que tenía que agotar las alternativas del diálogo, algo que no hizo el alcalde Quijano.
Juan Carlos Mendoza, diputado de GANA, externó preocupación por la cantidad de personas que han quedado sin empleo. ¿Es mejor tener 33 cuadras desalojadas o 33 cuadras sin empleo?, preguntó.
Carlos Cortez, del FMLN, aseguró que los señalamientos del alcalde, que dice que ha desmontado en cuartel del crimen organizado, viola el artículo 11 de la constitución. “Mientras no tenga los elementos probatorios de que hay delincuentes no puede señalar tal como lo establece la Constitución”, señaló.