Por Juan José Rodríguez
Panamá/AFP

El gobierno de Panamá sancionó el domingo la ley que deroga una anterior que lo facultaba a vender tierras del Estado en la zona franca del país, en la provincia de Colón (norte), origen de violentas protestas que dejaron tres muertos.

El presidente Ricardo Martinelli, en compañía de varios ministros, sancionó la normativa que el Congreso panameño había aprobado en horas de la madrugada.

"Por más buena que sea una ley, si el pueblo no la quiere no sirve. Si creíamos que la ley estaba consensuada nos equivocamos", dijo Martinelli en un mensaje televisado al país.

"Como la mayoría de los panameños, tengo el corazón triste por las vidas que perdimos, los heridos y los bienes saqueados. Triste porque en vez de avanzar retrocedimos", dijo Martinelli, quien pidió procesar a los culpables de las protestas.

"Los responsables de estos hechos que ocasionaron víctimas y pérdidas materiales deben ser procesados por las autoridades correspondientes", añadió el presidente, para quien estas "confrontaciones no se pueden permitir".

"Ya se enmendó el error", dijo el presidente del Congreso, el oficialista Sergio Gálvez, después de que 59 diputados votaran a favor de eliminar la ley que habían aprobado el 19 de octubre en medio de protestas. No hubo votos en contra ni abstenciones.

"Le hemos dado al presidente Martinelli una lección importante. No toda la cosa pública puede ser objeto de la ambición personal de él. Las cosas del pueblo se respetan", dijo a la AFP Edgardo Voitier, coordinador general del Frente Amplio Colonense, organizador de las protestas.

Con más de 3.000 empresas en operaciones y 30.000 trabajadores, la zona franca, considerada la más importante de América Latina, movió en 2011 mercancías por más de 29.000 millones de dólares y aportó 1.700 millones de dólares a los 23.200 millones del Producto Interno Bruto.

Paralelamente a la nueva ley, se creará una comisión legislativa para tratar de esclarecer las tres muertes y las denuncias de abuso policial durante las protestas. Al cabo de 60 días deberá rendir un informe y determinar la indemnización que pudiera corresponder a los familiares de las víctimas.

Desde la sanción de la ley el mismo 19 de octubre, policías y manifestantes se enfrentaron varias ocasiones y se produjeron saqueos de comercios, principalmente en Colón y la capital, lo que generó masivas detenciones.

Además de las tres víctimas mortales, hubo al menos medio centenar de heridos, la mitad por armas de fuego, y centenares de detenidos.

"La sensación es de satisfacción y de tristeza, porque ha tenido que ocurrir toda una semana turbulenta, con muertos y cantidad de heridos y detenidos" para que la ley fuera derogada, lamentó Voitier, quien adelantó que buscarán "justicia" a nivel internacional porque "estos muertos no pueden quedar así".

La derogación de la ley "significa el retorno al pueblo" de propiedades valoradas en 1.700 millones de dólares, añadió Voitier.

La Cámara de Comercio panameña informó que las protestas habrían dejado unos 40 millones de dólares en pérdidas.

Severo Sousa, directivo de la Asociación de Usuarios de la Zona Franca, aseguró a la AFP que se dejaron de movilizar más de 500 millones de dólares.

Martinelli reiteró que el único interés de la ley que ocasionó los disturbios era conseguir "de manera expedita" dinero con la venta de tierras para inversión social.

"Una sola calle separa tanta riqueza de tanta pobreza", dijo Martinelli, quien pidió a los opositores, "tan pronto como sea posible", sentarse a dialogar para crear un plan de desarrollo para Colón.

Los adversarios a la ley aceptan el diálogo "para hacer justicia con un pueblo colonense que históricamente ha vivido una tragedia", según Voitier.