Alma Vilches
Redacción Diario Co Latino

A fin de garantizar que la administración de los recursos humanos del Estado sea regulada y organizada de modo equitativo en el eficiente desempeño de los servidores públicos y en el respeto de los derechos que la Constitución, el Derecho Internacional y otras fuentes del derecho establecen, surge el proyecto de “Ley de la Función Pública”.
Esta ley es impulsada por la Subsecretaria de Gobernabilidad y Modernización del Estado, la cual vendría a sustituir la actual Ley del Servicio Civil, que fue creada en la década de los 60´, época que se caracterizó por dos golpes de Estado, y que fue aplicada sin la respectiva aprobación de la Asamblea Legislativa.
Ernesto Zúniga Chávez, Coordinador de Profesionalización del Servicio Civil, manifestó que dicha proyecto, por el momento en estado de borrador y sometido al escrutinio público y social, tiene por objeto la regulación integral de la función pública, estableciendo las bases del régimen estatutario de los servidores públicos y su gestión.
El artículo 219 de la Constitución de la República funda la carrera administrativa indicando que la ley regulará el servicio civil y en especial las condiciones de ingreso a la administración; las promociones y ascensos con base en mérito y aptitudes, traslados, suspensiones y cesantías, los deberes de los servidores públicos y los recursos contra las resoluciones que los afecten. Asimismo, busca garantizar a los empleados públicos la estabilidad en el cargo.
La ley es aplicable a todos los servidores públicos de la Administración del Estado, incluyendo a los que prestan sus servicios en todas las entidades autónomas, salvo las exclusiones establecidas por las leyes sectoriales, como la Ley de la Carrera Municipal y la Ley de la Carrera Policial.
Zúniga informó que durante febrero y marzo de 2010 la Subsecretaria de Gobernabilidad y Modernización del Estado elaboró un diagnóstico, con la ayuda de los sindicatos y personal de recursos humanos, de los 13 ministerios y la Presidencia de la República, acerca de las condiciones de trabajo en el órgano ejecutivo, lo cual señaló que en el país no existe un marco legal propio para  los empleados estatales.
Además,  “El estudio reveló que nunca ha existido en el país una política salarial, que ha prevalecido el sistema clientelista, pues para optar a una plaza en el órgano ejecutivo no se ha dado por la meritocracia. La discrecionalidad es lo que más afecta al servidor público, que ha sido el sistema común no solo en el país, sino en la región”, aseguró Zúniga. 
El Subsecretario de Gobernabilidad y Modernización del Estado, Antonio Morales indicó que la Función Pública es toda actividad temporal o permanente remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre de la Administración Pública al servicio de la misma o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.
Morales reiteró que uno de los propósitos es la igualdad en el acceso a la función pública y desarrollo de la carrera, toda persona que cumpla con los requisitos determinados en las convocatorias tiene derecho a participar en los procesos de selección de personal, a acceder a los cargos y a las oportunidades de carrera sin discriminación de género, raza, religión, tendencia política u otras.
“El mecanismo de ingreso en la Administración Pública no es negociable, sino debe ser por mérito propio de la persona. Sabemos que con esta ley estamos tocando privilegios, fibras sensibles al momento de otorgar una plaza”, aseguró el subsecretario de Gobernabilidad.
De acuerdo a dicha ley los servidores públicos tiene derecho a ser capacitados y formados para un mejor desarrollo de su trabajo, por lo cual los servidores públicos que desempeñen cargos similares en igualdad de condiciones y responsabilidades, devengarán igual remuneración económica, tomando en consideración además de su desempeño y antigüedad en el cargo, preparación técnica y académica.
Para tener un control en las plazas de los empleados públicos se ha creado una clasificación y ordenamiento vertical en 15 niveles, lo cual servirá para aplicar la política retributiva.
Dentro de la ley está contemplada la evaluación del ciudadano que recibe el servicio, lo cual podrá servir de insumo para desarrollar carrera administrativa.
“Lo que se pretende es que en 5 años se resuelva la equidad salarial, además, lo que queremos es garantizar estabilidad laboral a los empleados, que independientemente del color político que esté en el Gobierno los empleados no sean despedidos”, aseveró Morales.
Danilo Flores, Coordinador de Relaciones Laborales, dijo que entre los principios de la ley están la igualdad, mérito, transparencia, estabilidad laboral, irrenunciabilidad de los derechos, primacía de la realidad.
“Con esta ley se garantiza que los empleados tengan acceso a la información de su expediente profesional, protección contra el acoso sexual y laboral; tener un trato justo y respetuoso y ampliación de licencia por maternidad”, explicó Flores.
Uno de los primeros esfuerzos encaminados en la búsqueda de instaurar mecanismos que contribuyan a mejorar cotidianamente las relaciones laborales, es la creación de un “Instructivo sobre relaciones laborales en el Órgano Ejecutivo”, el cual está en vigor, cuyo objetivo fue proponer acciones concretas para favorecer la edificación de una adecuado ambiente de trabajo.