Oscar Letona
Redacción Diario Co Latino

La Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, el Consejo Nacional de Energía (CNE), la Superintendencia de General de Electricidad (SIGET) y la Distribuidora de Electricidad DELSUR, dieron a conocer el inicio del proceso de licitación para contratos a largo plazo del suministro de energía de 350 MW, que dará inicio en julio de 2017 y tendrá una vigencia de 20 años.
Según la política energética salvadoreña, con este proceso se pretende impulsar la diversificación de la composición de la matriz energética nacional, incentivando el desarrollo de proyectos con energías renovables así como la incorporación de nuevos combustibles para reducir el uso del petróleo y sus derivados. 
El Secretario Técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, dijo que este tipo de proyectos “además de reducir la dependencia de los derivados del petróleo, colaboramos con el Medio Ambiente, ya que al excluir los proyectos que utilizan bunker y diesel como fuentes de generación de energía se opta por fuentes de energía renovable”.
Segovia agregó que con el fin de contribuir al desarrollo de este proyecto, el gobierno de El Salvador está dispuesto a facilitar el arrendamiento de terrenos, que son propiedades del Estado. A la vez, el funcionario aclaró que no es que se vayan a ceder las propiedades, si no que lo que se busca es generar condiciones favorables para que se lleve a cabo la inversión y de esta forma poder responder a la demanda energética originada por el incremento poblacional.
Además, Segovia manifestó que este proceso de licitación tiene como antecedente un proceso que el 17 de abril fue declarado desierto debido a que las ofertas recibidas superaron el precio base definido por la SIGET  y reiteró que esperan que después de haber tomado en cuenta la experiencia anterior haber hecho las modificaciones necesarias para que este proceso sea exitoso.
La inversión estimada para cubrir el crecimiento de la demanda de energía asciende a 900 millones de dólares que implicarían generación de empleo así como una estabilización de los precios de energía para el usuario final.
En este proceso de licitación podrán participar empresas nacionales o extranjeras que en forma individual o mediante asocios instalen proyectos con una potencia mínima de 5 MW y una potencia máxima de 350 MW.