Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

Líderes de diferentes movimientos sindicales se concentraron hoy en las cercanías del Salvador del Mundo, con el firme propósito de rechazar el anteproyecto de Ley de la Función Pública.
A criterio de los sindicalistas, el anteproyecto de ley, tal como está redactado “atentaría contra los derechos ya establecidos”.
María del Carmen Molina, de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador (CSTS), explicó que están de acuerdo que el gobierno con esta ley busque mejorar la calidad de los servicios, pero no están de acuerdo en que se vulnere el derecho a la negociación colectiva y otras garantías.
Para Molina, el gobierno debe de mejorar la tecnificación de los empleados y nombrar a funcionarios trasparentes al frente de las instituciones para lograr calidad de los servicios, pero eso no debe ser a costa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
“En concreto lo que queremos es que se deje sin efecto este anteproyecto de ley, y que comencemos con los trabajadores y trabajadoras de manera consensuada a elaborar un proyecto que garantice mejorar la calidad de los servicios, pero que garantice la estabilidad laboral, respeto a la libertad sindical y negociación colectiva”, argumentó la representante de CSTS.
El análisis de los líderes sindicales es que el anteproyecto, pone en riesgo la libertad sindical, la estabilidad laboral del sector público, la negociación colectiva y el derecho a la huelga.
“La huelga es el único mecanismo que los y las trabajadores tenemos, y que es establecido por el convenio de la OIT, para exigir los derechos de los trabajadores y los derechos de la población”, agregó.
La ley en este momento, según la información que manejan los sindicalistas, es que está en un proceso de consulta.
Mientras que Manuel Peña, secretario general de la Academia Nacional de Seguridad Pública, argumentó que la concentración de hoy, de rechazo público, se enmarca también en las actividades de la semana sindical a realizarse del 24 al 31 de octubre.
Peña resintió la intención del Estado salvadoreño de cambiar la ley del Servicio Civil por la Ley de Función Pública, porque esta vendría “a lesionar más a la clase trabajadora y sindical”.
El sindicalista explicó que en el anteproyecto de la ley, en ninguna de las autoridades rectoras de la ley, aparece la interferencia de los trabajadores.
 “No tenemos representación en ninguno de los rectores que van administrar la ley.
Además, aparece un artículo ahí, donde estas unidades rectoras van a decidir si un sindicato procede o no”, y eso se vuelve más complicado, porque se estaría dependiendo de las patronales.