Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

“Pedimos que el tribunal actue con total autonomía y resuelva conforme a las pruebas y no conforme a presiones internas o externas”, manifestó Luis López, abogado querellante de las familias afectadas en el Caso Récord.
A un año de la Vista Pública, el Caso Baterías Récord se encuentra en la etapa final de la Vista Pública que se sigue contra Hugo Reynaldo Trujillo, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Brito.
Los imputados son los responsables de la Gestión Ambiental, Gerencia de Fundición y Gerencia de Seguridad Industrial y Ambiental, respectivamente dentro de la empresa.
No obstante, López lamentó  que algunos  directivos pertenecientes a la familia Lacayo, que han sido señalados como responsables, se encuentren prófugos de la justicia, pese a la Alerta de difusión roja de Interpol, que no ha rendido frutos.
«Esta Vista Pública ha dado buenos frutos. Por un lado se ha demostrado en juicio que a la empresa Baterías Récord no le interesaba el tema ambiental, ni las medidas de seguridad industrial, que fue establecido por los mismos extrabajadores. Así como, el incumplimiento reiterado del Programa de Adecuación que otorga el MARN”, manifestó.
Las pericias de campo fueron estratégicas, afirmó López al enumerar que las pruebas de cristalografía, suelo, agua y aire,  estableció que la fuente contaminante era la fábrica de Baterías Récord de ácido-plomo, en su período de funcionamiento entre los años 2005 a 2007.
El desastre ambiental declarado por autoridades de Salud y Medio Ambiente, se encuentra documentado también por el ISSS, CIAN-UES, la OPS, y OMS . Así como, Tutela Legal, UNES y FESPAD.
«Los abogados de la fábrica no lograron desvirtuar las pruebas, toda su estrategia se fundó en desacreditar un estudio del Ministerio de Salud. Sabemos que tenemos todo para lograr justicia ambiental, sin embargo, no se debe pasar por alto que este es el país de la eterna impunidad”, agregó.
Mauricio Turcios, presidente del Comité Ambiental del cantón Sitio del Niño, San Juan Opico, La Libertad, lamentó el retardo del tribunal de sentencia de Santa Tecla, en administrar justicia en el Caso Récord.
“Estamos decepcionados, este próximo miércoles (24 de octubre), cumplimos un año sin ninguna resolución y hemos visto como se le ha dado muchas oportunidades a los acusados y la empresa”, opinó.
Asimismo, descalificó que pese a las pruebas presentadas por los abogados querellantes y Fiscalía General de la República, aun los traten “como si no fuéramos las víctimas” dijo Turcios. El caso está siendo llevado por jueces suplentes, porque los jueces titulares fueron ambiguos en su sentencia. Estamos pidiendo a estos nuevos jueces que apliquen el rigor de la ley  a todos los culpables y no solo a los ingenieros de la empresa”, manifestó.