Redacción Diario Co Latino
 
Un grupo de organizaciones sociales considera que el mecanismo de subasta no es el adecuado para la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico, dado que privilegia los factores económicos para concesionar un bien que pertenece a todos los salvadoreños, por lo que han presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
“El Salvador es de los pocos países en que ese bien que nos pertenece a toda la ciudadanía es utilizado mayoritariamente para fines comerciales”, afirmó Juan Carlos Sánchez, Coordinador del Programa de Transparencia de FESPAD, en la entrevista Agenda de Nación de Canal 10 y Radio Nacional.
Actualmente, la Ley de Telecomunicaciones determina que para que un ciudadano pueda acceder a una frecuencia de radio o televisión debe competir en una subasta, en la cual se otorga la concesión a la mejor oferta económica.
“Tan importante es el espectro radioeléctrico para la libertad de expresión y para el ejercicio de otros derechos, que nosotros, las organizaciones y las personas que estamos suscribiendo esta inconstitucionalidad, creemos que debe ser expulsado, creemos que debe haber otros mecanismos para que la población pueda gozar de una forma más democrática de este recurso que nos pertenece a toda la ciudadanía”, explicó Sánchez.
Por su parte, César González, docente de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), dijo que la demanda de inconstitucionalidad considera que la actual Ley de Telecomunicaciones viola el principio de igualdad ante la ley.
“Lo que se está generando es una gran desigualdad porque todas aquellas personas que no cuentan con capacidad económica y desean acceder a las frecuencias del espectro radioeléctrico, no lo pueden hacer debido al criterio de la mayor oferta económica, violándose así el principio de igualdad en la ley”, explicó González.
 Agregó que esta regulación también transgrede la dimensión social de la libertad de expresión, la cual consiste en el derecho que todas las personas tienen de recibir información de distinta índole y de distintas corrientes de pensamiento.
“Si solo se está limitando el espectro radioeléctrico a ciertas personas, por un criterio económico, se está violando el derecho de libertad de expresión en su dimensión social, porque ahí ya no se puede tener información de distinta índole, sino que se va fijando hacia aquellos que tienen los medios”, aseguró González.
El docente añadió que cuando el espectro radioeléctrico está dominado por intereses comerciales, se vuelve muy difícil que la voz de las comunidades sea escuchada.