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El Salvador, Sábado 25 de Mayo de 2013
Última actualización : 25/05:37 h.

Martes, 23 de Octubre de 2012 / 06:46 h

Ratifican condena de 7.710 años a ex paramilitares por masacre en Guatemala

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Guatemala/AFP

La Sala Primera de Apelaciones de Guatemala confirmó el lunes la sentencia de 7.710 años de prisión contra cinco ex paramilitares, dictada en marzo, por la masacre de 256 indígenas en 1982 en el norte del país, durante la guerra civil.

El juzgado declaró "improcedente" el recurso de la defensa, al indicar que "carece de argumentos de fondo y forma" y especifica que "no existieron circunstancias que hayan afectado la defensa de los acusados durante el debate", dijo la resolución leída este lunes.

La defensa apeló la sentencia porque consideró que hubo irregularidades en el debate en el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo.

Los ex aliados del Ejército durante la guerra (1960-1996) fueron sentenciados a 30 años de cárcel por cada una de las 256 víctimas (7.680 años), y 30 años más por el delito de crímenes contra la humanidad, lo que sería una sentencia simbólica, pues la pena máxima de prisión en Guatemala es de 50 años.

Los sentenciados son cuatro ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), coordinadas por el ejército durante la guerra, y un ex comisionado -un civil infiltrado entre la población-.

Tanto las PAC como la figura del comisionado militar fueron instrumentos de represión durante la guerra y quedaron disueltas con la firma de los acuerdos que en 1996 pusieron fin al conflicto, que dejó unos 200.000 muertos o desaparecidos.

La matanza de los indígenas de la etnia maya Achí ocurrió el 18 de julio de 1982 en la comunidad Plan de Sánchez, en el departamento de Baja Verapaz (norte), durante el gobierno del ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, condenó al Estado de Guatemala en 2004 por esta masacre y ordenó la investigación y persecución penal contra los responsables.

Una Comisión de la Verdad de la ONU, que investigó los crímenes de guerra en Guatemala, documentó 669 masacres durante la guerra civil, de las cuales 626 fueron atribuidas a fuerzas del Estado, la mayoría durante los gobiernos de facto de Ríos Montt y su sucesor, Oscar Mejía (1983-1986).

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