Leonor Cárdenas
Saúl Martínez
Redacción Diario Co Latino

Representantes de la Coordinadora de Mujeres Sindicalistas de El Salvador (CMSES), rechazan el anteproyecto de Ley de Función Pública, impulsado por el Órgano Ejecutivo.
Patricia Berríos, representante de CMSES, dijo que es preocupante para el sector femenino el contenido de dicha ley y la forma en que fue dada a conocer.
“No hemos sido invitadas todas las organizaciones sociales y trabajadoras a quienes concierne el tema”, manifestó Berríos.
Asimismo, aseguró que en el artículo seis, literal C, de dicha ley se establece el mecanismo de como se puede llevar a cabo el despido de una mujer embarazada, “contradiciendo esto con el artículo 42 de nuestra Carta Magna, donde se procura establecer y garantizar el derecho a la mujer en estado de gravidez, hasta después del parto, pero para conservarle su empleo no para procurar mecanismo o procedimientos que lleven a la destitución de las mujeres”, explicó.
“Se deja las puertas abiertas para que los funcionarios gerenciales, como se denominan en está ley, puedan tomar decisiones arbitrarias en contra de los y las funcionarias operativas. Además, nos preocupa por que las mujeres en el país representamos más del 53% de la población salvadoreña”, agregó Berríos.
Dentro del dato público para el año 2007, se reflejan de 120 mil trabajadores y trabajadoras en el ámbito público del país, de los cuales el 47.81% lo representan las mujeres.
Asimismo Berríos, dijo que dentro del anteproyecto de ley, no se ven contempladas las propuestas de leyes que han sido trabajadas desde el espacio de mujeres entre ellas: la Ley de Igualdad y Equidad; y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres.
Silvia Navarrete, representante de Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), dijo que como sector están preocupados por los derechos de las mujer trabajadora.
“En esta ley se contempla un artículo que quizás es el más dañino para las mujeres; ya que es una ley muy abierta que da espacio para que los derechos de los trabajadores sean violentados; además de estar en contra de los principios de la Constitución de la República”, explicó Navarrete.