Guatemala/AFP

Unas 40 organizaciones canadienses exigieron al Congreso de Guatemala derogar una disposición que faculta al Ejército respaldar a la Policía en labores de seguridad pública, después que ocho indígenas murieran en una protesta disuelta por militares el 4 de octubre.

"Exigimos al Congreso la derogatoria del Decreto 40-2000 que faculta los patrullajes conjuntos entre policía y ejército", afirman en un comunicado agrupaciones de derechos humanos, culturales e indígenas del país norteamericano.

Entre las organizaciones que suscriben el texto figuran la Canadian Union of Public Employees, Latin American Researchers of Ontario, Confederación de Asociaciones Latinoamericanas de Quebec y el Movimiento Indígena Abya-Yala, Toronto.

En su nota, divulgada por la organización no gubernamental local "Todos por Guatemala", las asociaciones demandan que se retome "el carácter de ley que tienen los acuerdos de paz firmados, sobre todo el relacionado (...) al fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática".

Aquellos acuerdos de paz, adoptados en 1996, asignaban al Ejército, cuyos 45.000 efectivos se veían reducidos en 33%, una función de resguardo de la soberanía nacional.

Sin embargo, en el año 2000, el Congreso aprobó el empleo de los militares en tareas de seguridad pública, incluido el control de manifestaciones, ante el aumento de la delincuencia.

Las ONG canadienses pidieron a la Fiscalía el castigo de "los autores materiales y mandos de dirección de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala por esta nueva violación de los derechos humanos", en alusión a la matanza, el 4 de octubre, de ocho indígenas que manifestaban pacíficamente en el departamento de Totonicapán, 180 km al oeste de la capital.

Tras ese hecho, que derivó en un aluvión de críticas al gobierno del general retirado Otto Pérez, fueron detenidos un coronel y ocho soldados, entre ellos dos mujeres, acusados de "ejecución extrajudicial".

Este es el primer caso de militares que serán procesados por una matanza tras el fin de la guerra civil en 1996/dg.