Por Noé Leiva
Tegucigalpa/AFP

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras declaró inconstitucional el proyecto del gobierno de crear "ciudades modelo", estilo Hong Kong, rechazadas por sectores que las consideran un "Estado dentro de otro Estado".

Con 13 votos a favor y dos en contra, la Corte ratificó el miércoles el fallo emitido hace diez días por la Sala Constitucional, que declaró inconstitucional la denominada Ley de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) porque implica "enajenar el territorio nacional", dijo a la AFP el jurista Fredín Fúnez, uno de los opositores al proyecto.

"El fallo es inapelable y nos sorprende porque esta Corte está sometida por el poder y a la politización", declaró Fúnez, promotor de 70 recursos de inconstitucionalidad presentados por organizaciones civiles, respaldados con 12.500 firmas, contra el proyecto de ley aprobado por el Congreso en julio de 2011.

Después de unas siete horas de deliberaciones, los 15 magistrados de la CSJ convocaron a Fúnez y a otros juristas que interpusieron los recursos para notificarles el fallo sobre el controvertido proyecto.

"Estos microestados violan el principio de territorialidad, la forma de gobierno y la soberanía porque el Estado no podría ejercer jurisdicción", opinó Fúnez.

Bajo administración de un gobernador, con sistema de justicia y seguridad propios, estas ciudades privadas iban a ser zonas concedidas a inversionistas extranjeros mediante concesiones de hasta ocho décadas, en una extensión de 33 km2 cada una.

El presidente Porfirio Lobo las propuso como fórmula para generar focos de desarrollo, en un país donde 70% de sus 8,4 millones de habitantes vive en la pobreza, uno de los índices más altos de América Latina.

"Las ciudades modelo que predominan en Asia han sido la solución para el crecimiento económico y desarrollo acelerado en esa región", ha argumentado Lobo.

El 11 de septiembre, el Congreso aprobó tres zonas donde se levantarían, las cuales tienen en común la facilidad del acceso a puertos del Caribe y el Pacífico usados en el comercio internacional, donde existen serios problemas de desempleo.

Una era un área entre los departamentos de Colón y Gracias a Dios (noreste), otra entre Choluteca y Valle (sur), y la tercera entre San Pedro Sula -segunda ciudad del país- y Cuyamel (norte), en la zona fronteriza con Guatemala.

El proyecto daba un régimen de autonomía a esas zonas con una administración propia que podía establecer acuerdos internacionales de comercio y cooperación, con importaciones y compras de bienes y servicios "libres del pago de impuestos".

"Serían un nuevo enclave como los bananeros del siglo pasado, algo aislado del resto del país, sin pagar impuestos, con sus propias reglas, una especie de concesiones con todos los derechos", dijo a la AFP el economista Wilfredo Girón, académico de la Universidad Nacional.

En un país desangrado por la violencia del narcotráfico y las pandillas, con la mayor tasa de homicidios del mundo -92 por cada 100.000 habitantes según la ONU- la seguridad también iba a estar bajo régimen de la zona con sus propios policías y jueces.

"Si se quiere tener un país desarrollado debe ser todo el país, no zonas privilegiadas (...) no se puede dividir el territorio nacional", opinó el comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio.

Los sectores de la sociedad civil interpusieron los recursos luego de que el 5 de septiembre el gobierno firmó un convenio con el consorcio estadounidense NKG para la construcción de la primera "ciudad modelo".

El proyecto es de "empresarios y expertos que apuntan a la eliminación de la pobreza a través de la creación de riqueza en Honduras", había dicho Michael Strong, ejecutivo de NKG.

"Corea del Sur y Singapur estaban en peor condición que nosotros hace unos 60 años, y miren el desarrollo que han alcanzado", aseguró el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, cuando se firmó el convenio con NKG.

El gobierno aún no se ha pronunciado sobre la resolución de la Corte Suprema de Justicia.