Por Edgar Calderón
Guatemala/AFP

La muerte de ocho indígenas en una protesta que disolvieron los militares en Guatemala puso en tela de juicio el papel del Ejército en funciones de seguridad pública, en un país con un pasado nefasto de represión militar en la guerra civil (1960-96).

Una lluvia de críticas de diversos sectores del país y de organizaciones internacionales cayó sobre el gobierno tras el violento desalojo que hicieron el 4 de octubre los soldados de una manifestación en Totonicapán, 180 km al oeste de Ciudad de Guatemala, que también dejó más de 30 heridos.

Miles de campesinos de todo el país marcharon este domingo en la capital para exigir justicia.

"Hay un militar que dio la orden y ese fue Otto Pérez Molina", rezaban algunas de las pancartas, en las que los manifestantes responsabilizaron al presidente de Guatemala por los homicidios.

El pasado jueves, fueron detenidos el coronel Juan Chiroy y ocho soldados, entre ellos dos mujeres, acusados de "ejecución extrajudicial", en el primer caso de militares que serán procesados por una matanza ocurrida tras el fin de la guerra hace 15 años.

"La participación de militares en la seguridad civil la venimos rechazando desde hace una década, es contra natura, los militares están preparados para la defensa de un país. Su doctrina y especialización es distinta a la policía", afirmó a la AFP Carmen Ibarra, dirigente del Movimiento Pro justicia.

Con la firma de la paz en 1996, el ejército se redujo y se determinó su función sólo al resguardo de la soberanía, pero el Congreso aprobó en 2000 sacar a los militares a las calles en tarea de seguridad pública -incluido el control de manifestaciones-, argumentando la violencia criminal que azota al país.

"Decir que desde la firma de la paz el ejército ha perdido protagonismo es una falacia, están abriendo más cuarteles y su presupuesto es más elevado, se está fortaleciendo", dijo a la AFP el director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Juan Francisco Soto, quien advirtió que "se corre el riesgo de que algo vuelva a suceder" si no se modifica la resolución del año 2000.

El presidente, un general retirado experto en contrainsurgencia, dijo que impulsará una reforma legal para evitar que el ejército controle manifestaciones.

En un principio, Pérez rechazó que los militares hayan accionado sus armas en Totonicapán, pero luego dijo que algunos de ellos "dispararon al aire". Más de 100 casquillos fueron hallados en el lugar de la protesta.

Ibarra estimó que lo ocurrido en Totonicapán es una "lección violenta", pero estimó "difícil" que Pérez cambie el "andamiaje militar" que, según ella, ha creado en el gobierno.

"Urge quitar la condición de corte militar a los asuntos administrativos del Estado. Hay que eliminar el apoyo militar y recuperar el fortalecimiento civil", como establecen los acuerdos de paz, agregó.

Organismos de Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea también expresaron sus cuestionamientos.

El jefe de la Comisión de la ONU contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Francisco Dall'Anese, recomendó apartar al ejército de la seguridad pública.

"La policía usa la fuerza como último recurso, pero los militares se preparan para ganar una guerra con el uso de la fuerza como método de primer orden", dijo.

"El caso ejemplifica el grave riesgo que conlleva la utilización de miembros del ejército en funciones de seguridad pública", expresó a su vez el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala, Alberto Brunori.

La líder indígena y Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, quien recién ocurrido los hechos visitó el lugar, expresó por su lado su indignación ante la matanza.

Un informe de la ONU presentado en 1996 reveló que la guerra dejó 200.000 muertos o desaparecidos, un 93% de los cuales son atribuidos a las fuerzas del Estado. A los militares se les responsabiliza de cientos de masacres de comunidades indígenas.