Doris Luz Rivas Galindo, Magistrada de la Sala de lo Penal.
Alma Vilches
Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino
Las medidas alternas a la detención que se puedan ofrecer a los jóvenes procesados bajo la ley de vigilancia y control de ejecución de medidas al menor, sigue siendo la deuda pendiente a XVII años de entrar en vigencia la normativa.
En el marco de la conmemoración de XVII aniversario, las autoridades de la Corte Suprema y la Unidad de Justicia Juvenil, la magistrada de la Sala de lo Penal, Doris Luz Rivas Galindo, aseguró que se debe de trabajar más en las oportunidades y programas que los niños y jóvenes puedan tener para reincorporarse a la sociedad y la familia.
“Él no lo puede hacer solo y es necesario el diseño de programas, que garanticen ese espacio, que el chico pueda superar ese episodio de su vida y pueda entrar en un proyecto de vida y que no sea la prisión”, argumentó la magistrada.
La funcionaria aseveró que para garantizar esas medidas es necesario que todas las organizaciones involucradas se “articulen” y, claro, el sector social, que juega un factor determinante, para que el niño o el joven pueda tener una oportunidad.
Oscar Alirio Campos, Coordinador General de la Unidad de Justicia Juvenil de la CSJ, dijo que en el marco del 17 aniversario de la ejecución y vigilancia de medidas en medio abierto al joven, en conflicto con la ley, se pretende crear conciencia y reflexión de la importancia de dichas medidas.
«Esta unidad se dedica a generar reflexión a nivel social e institucional, sobre la importancia y situación de los jóvenes y la delincuencia y, sobre todo, de la importancia de las medidas en medio abierto que determina la ley, las cuales constituyen como un espacio cuando no se ha dictado la medida de internamiento a un joven en conflicto con la ley», explicó Campos.
El coordinador de la Unidad de Justicia Juvenil informó que de enero a junio de 2012 se impusieron un mil 196 medidas no privativas de libertad a jóvenes menores de 18 años en conflicto con la ley, mientras se decretaron 539 casos de internamiento.
A la vez, manifestó que siempre se mantiene una constante en las medidas impuestas a los jóvenes, ya que la mayoría de estas son la inserción de éstos a programas juveniles, a fin que reciban una atención adecuada.
«Lo que pretendemos es crear una articulación de los esfuerzos entre los tribunales e instituciones públicas y privadas, relacionadas con la administración de la justicia juvenil, por lo que se trabaja en coordinación en la promoción y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia», sostuvo el coordinador.



