Tegucigalpa/AFP

El violento conflicto de tierras entre campesinos y latifundistas, que ya deja más de 80 muertos en tres años en el valle del Aguán, 600 kms al noreste de Honduras, no cesa y tiende a agravarse, incrementándose a su vez la sensación de impunidad.

El sábado murió acribillado uno de los abogados de los pequeños agricultores y tres de éstos resultaron heridos el domingo.

La víctima, Antonio Trejo, un pastor de 41 años, fue atacado por pistoleros cuando salía de una iglesia evangélica donde había casado a una pareja, al sur de la capital, y murió en un hospital.

El Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) denunció que el domingo guardias del terrateniente Miguel Facussé atacaron a varios campesinos e hirieron tres de ellos que fueron llevados a un hospital de la ciudad de Tocoa.

"Nosotros responsabilizamos directamente a Miguel Facussé y a René Morales. Minutos después de que mataron al abogado Trejo, los guardias de ellos estaban celebrando haciendo ráfagas al aire", en sus haciendas, dijo a la AFP el portavoz del MUCA, Vitalino Alvarez.

"No nos van a atemorizar. A Trejo no lo podían derrotar en los juzgados, entonces lo asesinaron" ", amenazó Alvarez.

Pero la contraparte rechaza las acusaciones.

Róger Pineda, portavoz de Facussé, declaró a la AFP que "el abogado Trejo hizo acusaciones de que si algo le pasaba nos responsabilizaba a nosotros y a René Morales, pero nosotros no resolvemos los problemas de esa manera, buscamos los tribunales".

Los campesinos sostienen que la tierra les pertenece porque el gobierno de Honduras se las asignó en los años 80 mediante una reforma agraria, en las que sembraron palma africana.

No obstante, en 1992 una ley permitió que vendieran sus parcelas y algunos directivos de ellos, a espaldas de los asambleistas, las vendieron a precios bajos a los terratenientes.

En diciembre de 2009 los campesinos ocuparon una media docena de fincas, con lo que se iniciaron los violentos desalojos, muchas veces con la participación de militares y policías.

El presidente Porfirio Lobo intentó resolver el conflicto mediante financiamiento bancario a los campesinos en condiciones favorables y a 15 años de plazo para comprar las fincas; pero discrepancias sobre los precios de venta han alentado los enfrentamientos y los crímenes.

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Andrés Pavón, dijo que el jueves acusarán ante la justicia por el crimen de Trejo a Facussé y Morales.

"Tenemos todos los elementos de prueba que caracterizan la responsabilidad de ellos" en el hecho, aseguró Pavón a la AFP.

Las autoridades judiciales despojaron el 29 de junio a Facussé y a Morales de más de 2.000 hectáreas de tres fincas.

Pero días después dos cortes de apelaciones de Tegucigalpa y del puerto de La Ceiba, tras aceptar recursos de los latifundistas, revertieron el fallo.

Los apoderados legales de los campesinos comparecieron ante la Corte Suprema de Justicia con el argumento de que las cortes de Tegucigalpa y de La Ceiba no tenían jurisdicción en el Aguán y el caso sigue sin resolverse.