La Red Centroamericana de Mujeres en Solidaridad con las Trabajadoras de Maquila anuncia la campaña regional contra la Flexibilización Laboral en la Maquila. Desde la izquierda: Flor Méndez, de Guatemala; María Luisa Regalado, Honduras; Vilma Vaquerano, El Salvador; Vidalia Coto, El Salvador; Isabel López, El Salvador y Marta Zaldaña, El Salvador.
Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino
Con una campaña divulgativa en contra de la flexibilización laboral, la Red Centroamericana de Mujeres se solidarizó con las trabajadoras de la maquila, que sufren la violación sistemática de sus derechos y demandar acciones de los Estados a cumplir sus compromisos adquiridos.
Con la campaña pretenden denunciar los efectos negativos de la flexibilización laboral en los derechos de las personas que trabajan en las zonas francas, en la maquila textil en Centroamérica, que promueve empleos mal pagados, y muchas veces sin beneficios sociales a los que tienen derecho.
Vilma Vaquerano, de ORMUSA, explicó que la campaña informativa contiene promocionales para las trabajadoras de la maquila a escala centroamericana para que las mujeres conozcan, las consecuencias que tendrán de implementarse este tipo de medidas.
“Las mujeres conocerán cuales son las implicaciones y los efectos negativos de la flexibilización en sus derechos laborales y exhortar a los Estados e instituciones que deben velar por los derechos de las mujeres en la maquila, a que hagan cumplir todas las leyes específicas que prohíben la vulneración de derecho en nuestros países”, dijo.
La campaña tendrá una duración de tres años en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que se identifican en la región como zonas de maquila textil, que emplea una importante cantidad de mujeres en la mano de obra de la confección de la ropa.
“Empleo sí, pero con Dignidad”, se denomina la campaña regional, que contempla además la consolidación de las problemáticas que afectan a este sector laboral que incluye salud, condiciones mínimas en lugares de trabajo y vulneración de los derechos sociales y económicos.
Flor Méndez, de la Asociación de Mujeres en Solidaridad, de Guatemala, comentó que los empleadores de maquila ofrecen a las mujeres que trabajen en sus casas, bajo el razonamiento que tendrán mejores condiciones para su trabajo, pero realmente están evitando el pago de fondos de pensión o seguro social.
“Las mujeres no tienen derecho a una indemnización o pensiones y lejos de eso no se les cumplen los derechos laborales, por eso estamos luchando en la defensa de los derechos de las mujeres y mejorar las condiciones de vida de todas”, dijo.
Mientras, María Luisa Regalado de la Colectiva de Mujeres de Honduras, expresó que la situación laboral en su país es grave porque la flexibilización laboral está siendo implementada oficialmente, bajo el nombre de empleo temporal.
“Esta figura laboral está siendo discutida en el congreso nacional, para decidir si lo dejan de forma permanente el trabajo temporal y 46 meses; que sólo significa que trabajadoras y trabajadores pierden sus derechos laborales, su organización sindical, la estabilidad laboral, el derecho a la cesantía por despido, al aguinaldo y otras prestaciones”, informó.
La flexibilidad laboral o desregulación del mercado de trabajo es una práctica que se utiliza en el sector textil, que regula los derechos de las trabajadoras y permite que empleadores contraten o despidan al personal o fomenta el desmejoramiento de las prestaciones sociales.
Marta Zaldaña, de la Concertación por un Empleo Digno de la Mujer, afirmó que: “Hemos presentado 22 reformas a la Ley de Zonas Francas, con el único fin de garantizar los derechos laborales de las personas que laboran en las zonas francas y depósitos de perfeccionamiento activo, prácticamente vendría a tratar de eliminar la flexibilización laboral que por años, tanto los empresarios salvadoreños y regionales han pretendido implementar”, reiteró.
Las propuestas de reforma incluye las mejoras de los recintos de trabajo para las personas con discapacidades, el acceso a comedores o cafeterías, la exigencia de una fianza o seguro para que garantice el pasivo laboral de los trabajadores y trabajadoras; así como el tratamiento de conflictos en las zonas francas.



