Redacción Diario Co Latino

 Representantes de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y  FUNDAUNGO señalaron hoy la  impostergable necesidad para el país de contar con una ley que regule a los partidos políticos, en especial sus campañas electorales y el financiamiento.
“La sociedad exige fortaleza en las instituciones públicas. Cuando hablamos de control a los partidos y hablamos de una ley de partidos”, afirmó esta mañana el investigador asociado de FUNDAUNGO, Germán Rivera, en la entrevista Agenda de Nación, transmitida por Canal 10 y Radio Nacional.
Por su parte, el director ejecutivo de ISD, Ramón Villalta, manifestó, en la misma entrevista, que una ley de este tipo debe contemplar la regulación  de las campañas electorales, “no tanto porque estas se den de manera adelantada, sino por el elevado costo que tiene para los partidos políticos”.
Explicó que cada evento electoral  implica a los partidos altos niveles de financiamiento, provocando el riesgo de que  grupos de interés económico coopten a los partidos políticos, quienes buscan acceder a beneficios de control del poder y  pueden desarrollar prácticas de corrupción.
 “Debe haber un compromiso real para poder financiar la democracia y dentro del financiamiento a la democracia, nosotros identificamos claramente la necesidad del financiamiento al desarrollo de los partidos políticos, como verdaderos institutos políticos”, manifestó Villalta.
Además, señaló que esta ley debe abordar el problema de  la poca democracia interna que existe dentro de los partidos políticos, creando mecanismos y reglas para todos los partidos, que permitan avanzar en la democracia interna de estas instituciones en términos de elección de candidatos de elección popular.  En tanto, Rivera afirmó que además de  establecer una legislación clara y precisa sobre el tema del control al financiamiento,  también hay que  pensar quién sería el responsable de hacer ese control.
Agregó que al legislar para tener controles precisos sobre el financiamiento a los partidos es necesario diseñar el mecanismo o institución que cuente no solamente con el personal, sino también con los procesos legales para que” sea efectivo porque de lo contrario no sería nada prudente tener una legislación muy bonita pero que se vuelve ineficaz”.