Por Jordi Zamora
Washington/AFP

El informe oficial del Departamento de Justicia estadounidense sobre una operación de contrabando tolerado de armas a México denunció este miércoles los "graves errores" del caso, aunque absolvió al procurador general, Eric Holder, de haber ocultado información.

El informe del inspector general sobre la operación Rápido y Furioso (Fast and Furious), esperado desde hace año y medio, considera que Holder no tuvo conocimiento del escándalo hasta febrero de 2011, cuando arrancó la investigación oficial.

El informe sugiere, en cambio, que se evalúe la posibilidad de tomar medidas contra 14 agentes y altos funcionarios involucrados en el caso.

La oposición republicana, que domina la Cámara de Representantes, sospecha que Holder sí sabía por anticipado de la operación, y en junio lo acusó de desacato por no entregar toda la información requerida, la primera vez que un procurador general sufre esa sanción en la historia del país.

El informe del inspector general se muestra severo con la plana mayor del Departamento de Justicia, que fue incapaz de tomar medidas adecuadas.

La investigación "reveló una serie de estrategias fallidas, de errores de juicio, y fracasos de la dirección" del Departamento y en particular de la Agencia de Control de Armas, Tabaco y Alcohol (ATF) que autorizó Rápido y Furioso, explicó el texto.

Holder reaccionó al informe mediante un comunicado en el que anunció la destitución de un alto cargo, el asistente del viceprocurador general, Jason Weinstein, y el retiro anticipado del exjefe de la ATF, Kenneth Melson.

Entre 2009 y 2010 un mínimo de 40 personas compraron más de 2.000 armas de diferentes calibres en armerías estadounidenses, para enviarlas a organizaciones criminales mexicanas, con un gasto de 1,5 millones de dólares en efectivo, recuerda el texto.

Agentes de la ATF en Arizona (suroeste) tenían conocimiento de esas compras y las permitieron bajo el nombre de Rápido y Furioso, una operación que además ya había tenido un precedente también fallido, la Operación Gran Receptor (Wide Receiver) en 2006 y 2007.

La oficina del inspector general "no halló evidencias de que el procurador general Holder fuera informado de la operación Rápido y Furioso" antes del 31 de enero de 2011, cuando el escándalo empezó a fraguarse a causa de una carta urgente que le envió un senador republicano, Chuck Grassley.

Pero al mismo tiempo el informe, que Holder encargó a la contraloría poco después de esa fecha, considera "preocupante que un caso de esta magnitud, y que afectó a México tan significativamente, no fuera directamente reportado al procurador general".

El gobierno mexicano, que mantiene una cooperación sin precedentes con su vecino del norte para atajar la violencia del crimen organizado, se mostró indignado por el escándalo de la operación Rápido y Furioso.

El caso fue destapado por informantes (dentro de la ATF) del senador Grassley y de un representante del mismo partido, Darrell Issa, después del asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, el 14 de diciembre de 2010.

El informe del Inspector General aclara que en la escena de ese crimen, que precipitó la filtración de toda la operación, fueron halladas dos armas que habían llegado a territorio mexicano bajo conocimiento de la ATF, y no una, como se había informado hasta ahora.

El caso se agravó cuando en una carta de réplica del Departamento de Justicia, de febrero de 2011, se les informó a los republicanos que no estaban autorizadas operaciones del tipo Rápido y Furioso.

El Departamento tuvo que retirar esa carta, lo que provocó más investigaciones del Congreso y las acusaciones cada vez más directas contra Holder.

El informe asegura, tras revisar 100.000 documentos y entrevistar a más de 130 testigos, que Holder no estuvo al corriente tampoco de esa respuesta de febrero de 2011.

Rápido y Furioso se canceló a principios de 2011, con 20 acusaciones hasta la fecha. Solo un centenar de las más de 2.000 contrabandeadas han sido recuperadas.