Oscar López
Redacción Diario Co Latino
 
Pobladores de los caseríos San José I y Los Ranchos del cantón Las Chinamas, del municipio de Ahuachapán, exigen mejores condiciones para su reubicación, ya que debido a la construcción de un relleno sanitario en la zona, estos deben de abandonar sus humildes viviendas.
Los pobladores explican que la única alternativa que ha dado la comuna para su reubicación se encuentra en un sobrante del terreno en el que se ha construido el relleno sanitario.
Sin embargo, la topografía de dicho terreno es quebrada, lo que les dificultaría la edificación de sus viviendas y la utilización del terreno para la siembra de cultivos.
Carlota Santos, habitante del caserío Los Ranchos comentó que Rafael Morán, alcalde de Ahuachapán, engañó a los habitantes del lugar, ya que nunca les informó que se construiría un relleno sanitario.
“Nosotros dimos nuestras firmas porque nos dijeron que era para un proyecto que nos traería luz y agua, pero esas firmas las presentaron a Medio Ambiente diciendo que estábamos de acuerdo con el relleno”, denunció Santos.
Los residentes de los caseríos coinciden en que el alcalde se ha negado a dialogar con las comunidades, por lo que han recurrido al diputado Yohalmo Cabrera, para gestionar una reunión con el edil ahuachapaneco.
Sin embargo, Morán respondió al diputado, a través de un memorándum,  diciendo que por ese tema no lo podía a tender: “que se entendiera con Medio Ambiente”, asimismo, Morán aclara que si “es por otro tema está dispuesto a recibirlo”.
Para dejar sus actuales viviendas los pobladores exigen ser indemnizados: “con ese dinero puedo ir a comprar otro terrenito, hacer mis cultivos y construir mi casita de adobe”, afirmó Santos.
Carlos Quintanilla, miembro de la directiva de la comunidad, explicó que la distancia entre las viviendas  y el relleno sanitario es de unos cuantos metros. “La ley dice que son 500 metros los que deben de existir de separación”, añadió.
En cuanto a los permisos otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), estos son para construcción del relleno, ya que para su funcionamiento la comuna no presentó todos los estudios de impacto ambiental, por lo que la institución ha negado el permiso para que puedan llevar desechos al lugar. “La viceministra (Lina Polh) vino a hacer un recorrido y vio que el lugar no brindas las condiciones para que el basurero funcione, por eso no tiene permiso de funcionar”, aseguró Quintanilla.
 En un comunicado de prensa, el MARN aclaró que el relleno sanitario de Ahuachapán no podrá funcionar hasta que la alcaldía municipal  no reubique a las familias que en la actualidad habitan junto al proyecto.
“Uno de los compromisos del titular del proyecto es echar a andar la reubicación de las familias, tal como se establece en el documento (de impacto ambiental)”, cita el comunicado.
De igual forma, el directivo comunal aseguró que la municipalidad no presentó al MARN un mapa detallado de la zona, por lo que la institución desconocía que cerca del botadero pasa un río que desemboca en el río Paz, por lo que la contaminación sería no solo en el cantón Las Chinamas, sino en las riberas del importante río.
“Los constructores del botadero han colocado tuberías que dan a unas quebradas, estas caen al río Pueblo Viejo y este se une al río Paz, estamos hablando de una contaminación desde aquí hasta dónde desemboca el río Paz”, aseguró el directivo comunal.
 Las comunidades sostienen que en la documentación presentada por la municipalidad al MARN hay datos erróneos, ya que en la “Consulta Pública” se establece que la construcción del relleno se ejecutará en la hacienda Tecolocoy, cantón Joya de  Morales, sin embargo, la construcción del mismo se desarrolló en los caseríos San José I y Los Ranchos del cantón Las Chinamas.
En cuanto a la consulta pública necesaria para la aprobación de dicho proyecto, los afectados sostienen que esta se realizó sin la participación de ellos, y aseguran inclusive que autoridades de la municipalidad prohibieron  su participación en dicho proceso.

Vendedores piden a comuna “trato digno”
Un grupo de vendedores desalojados de las principales calles del centro de Ahuachapán, exigieron a las autoridades municipales “un trato digno”, ya que consideran que  posterior al proceso de desalojo la comuna comete abusos en su contra.
Los vendedores de la Avenida Francisco Menéndez afirmaron que el alcalde Morán les ofreció entregarles puestos dignos dentro del mercado municipal No 2, además de un bono de $100 que sería entregado para surtir de mercadería sus nuevos puestos.
“Mario” (nombre ficticio), explicó que ninguna de estas cosas se cumplió, ya que los puestos que la municipalidad entregó son inseguros, por lo que han recurrido en gastos para readecuarlos.
“He gastado un mil 200 dólares, y aquí adentro no se vende, ya tengo cuatro días en los que no he vendido ni cinco, allá en la calle vendíamos al menos $10 o $15 al día”, explicó Mario.
Otros vendedores desalojados coinciden con lo expresado por Mario, además sostienen que la comuna les obliga a permanecer en sus puestos desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. hora en que se cierra el mercado, y si no abren sus puestos por tres días, la comuna se los quita y los entrega a otra persona.
“Tenemos que estar aquí por obligación, además si necesitamos salir del mercado lo tenemos que reportar a la administración porque si ven el puesto cerrado le mandan a poner candado, y si salimos a la calle con un poco de mercadería nos la decomisan y tenemos que pagar $57 de multa”, denunció otro comerciante, quien pidió el anonimato por temor a represalias en su contra.
 Además los vendedores sostienen que el edil ahuachapaneco ha permito que personas allegadas a su administración permanezcan vendiendo en las calles. “Es injusto que unos estemos aquí sufriendo y sus allegados en las calles, nosotros no vendemos porque ellos siguen afuera, si todos estuviéramos dentro del mercado las cosas fueran diferentes, la gente entraría a comprar”, comentó Mario.
 En el proceso de desalojo de vendedores la comuna no solo afectó a comerciantes informales, ya que durante el proceso personal municipal abrió las puertas de un agroservicio y sustrajo productos del mismo, el propietario del negocio afirmó que contaba con los permisos de la municipalidad para funcionar en el lugar.