ARPAS
Por si había dudas sobre la continuidad del buen trabajo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia luego del conflicto con la Asamblea Legislativa, dos de sus miembros confirmaron ayer que seguirán resolviendo apegados a la Constitución de la República.
Los magistrados Sidney Blanco y Rodolfo González dijeron en una entrevista televisiva que actuarán con la misma independencia mostrada antes de la crisis legislativo-judicial, y hasta adelantaron que entre sus próximas sentencias está una sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Las declaraciones de Blanco y González son oportunas porque despejan el temor de que la Sala hubiera quedado intimidada luego de la ofensiva en su contra impulsada desde la Asamblea y el rechazo –disfrazado de apoyo– de FUSADES, ANEP y ARENA.
Y, si la Sala –complementada ahora por el magistrado presidente Salomón Padilla– sigue resolviendo con apego a la Constitución y con sentido de independencia, ganará la institucionalidad y el estado de derecho históricamente vulnerados por algunos que hoy se proclaman paladines de la democracia.
Es de esperar, entonces, que pronto la Sala resuelva la inconstitucionalidad del TLC con Estados Unidos, del nombramiento de militares al frente de la seguridad pública y otras demandas pendientes. Así mismo, se esperaría que admita la demanda contra la Ley de Telecomunicaciones presentada recientemente.
Esta confirmación de que la Sala seguirá resolviendo como antes, debe incentivar a la población a presentar demandas tendientes a desmontar el andamiaje jurídico del modelo neoliberal que es esencialmente inconstitucional. ¿O acaso el neoliberalismo no violenta el orden económico con justicia social, la propiedad privada en función social y la libertad económica que no se oponga al interés social que plantean los artículos 101, 102 y 103 de la Constitución?
El modelo neoliberal es la mayor violación a la Constitución. Por tanto, la ciudadanía debe presentar demandas contra las leyes y decretos que conforman el marco legal que lo sostiene: tratados de libre comercio, Ley de Inversiones, tratados bilaterales de inversión y demás disposiciones que permitieron la privatización de empresas públicas, el desmantelamiento del aparato productivo, la dolarización, la desregulación de la economía y la regresividad de la política tributaria.
Este soporte jurídico neoliberal debe ser reemplazado por uno democrático y constitucional que siente las bases para un modelo incluyente, equitativo y sustentable.