Saúl Martínez
Redacción Diario Co Latino

La Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción (SSTA) dio a conocer algunos avances sobre la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), en el primer trimestre de haber sido implementada de forma plena.
Esta Ley fue aprobada en diciembre de 2010 por la Asamblea Legislativa, en la cual otorgaba un plazo para que la distintas instituciones gubernamentales  prepararan un debido proceso y ciertos mecanismos para presentar a la nación la información sobre cada proyecto realizado en su respectivo momento, con el fin de ser más transparente.
Marcos Rodríguez, Subsecretario de Transparencia y Anticorrupción, mencionó que “para todas aquellas instituciones que quieran contar con  el programa de información pública tendrán que bajar un formulario vía correo electrónico, en la cual únicamente tendrán que presentar su documento de identidad, por ello esperamos que esto genere una  mayor afluencia de demanda de información por las diferentes autónomas”.
Desde que se aplicó dicha ley se contabilizan un total de 2 mil 314 solicitudes de las cuales un 32% corresponden a información oficiosa. Asimismo, un 56% pública, 7% son confidenciales, 2% son casos reservados y un 3% pertenecen a datos personales.
El informe de la SSTA menciona que un total de 63 entidades del Órgano Ejecutivo y autónomas  son monitoreadas, así como instituciones nacionales y algunas de las municipalidades del país.
Rodríguez agregó que la dinámica del monitoreo consiste en un análisis en la que se estudian los sitios web del poder Ejecutivo, a las que corresponde a un total de 63 sitios, más 12 organizaciones pertenecientes al Estado, tales como la Corte de Cuentas, Universidad de El Salvador, Corte Suprema de Justicia entre otras.
Asimismo, se estudian todas aquellas alcaldías en las que no hubo cambios de gobierno y que trabajan con transparencia con un 54% y 55% del trabajo desarrollado.
Además, se han denegado algunas solicitudes y es que la causa principal es que algunas solicitudes corresponden a terceros, en la que se presenta un total del 4 % de formularios denegados.
“Esperamos que toda la población pueda conocer  la información de todas las entidades, no solamente la población profesional”, reiteró Rodríguez.