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La Asamblea Legislativa desaforó al diputado Rodrigo Samayoa para que sea procesado en los tribunales. El parlamentario de GANA deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar contra su ex esposa Mireya Guevara, quien lo denunció el pasado 4 de junio por amenazarla y golpearla durante una discusión.
Y lo actuado ayer por el Congreso reviste una doble importancia, que lo convierte en un precedente positivo.
En primer lugar, porque esto manda el importante mensaje de que la sociedad no debe tolerar más la violencia contra las mujeres, ningún tipo de violencia: ni física, ni verbal, ni sexual, ni psicológica, ni simbólica contra las mujeres.
El retiro de la inmunidad parlamentaria a Samayoa para enjuiciarlo por violencia intrafamiliar es, por tanto, una señal positiva en este país donde muchas mujeres son violentadas a diario en el hogar, en los lugares de trabajo, en los centros de estudio y hasta en las vías públicas.
El Salvador –por su tasa de feminicidios– se encuentra entre los países de la región más violentos contra las mujeres, junto con Colombia, México, Guatemala y Honduras. Por eso el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país, Robert Valent, propuso recientemente declarar emergencia nacional.
A pesar de la existencia de la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, aprobada en noviembre de 2010, la violencia contra las mujeres sigue siendo una condenable realidad. Por eso, insistimos, el desafuero y eventual enjuiciamiento de Samayoa es una buena señal para el país.
Y en segundo lugar, retirar la inmunidad parlamentaria a Samayoa es importante porque representa un acto de reivindicación de la propia Asamblea Legislativa que ha sido escenario de violencia contra mujeres y de repudiables expresiones machistas como la del diputado Alejandro Marroquín, para quien las mujeres no deben participar en política ni ser periodistas.
Una renegada investigación interna de la Asamblea revela que el 35% de sus empleadas han sido víctimas de acoso sexual. También un estudio de ONU Mujeres y el PNUD, citado por el semanario digital El Faro, plantea que el 70% de las empleadas legislativas se sienten violentadas por el hecho de ser mujeres.
Por tanto, el desafuero de Samayoa indica que algo está cambiando en el Parlamento, y que algo debería cambiar también en la sociedad salvadoreña.
Ojalá que otros diputados, señalados de acosar y violentar a mujeres, sean también desaforados y procesados en los tribunales de justicia. Esto sería una señal mucho más importante, sería un precedente mejor.