Por Jordi Miró
Caracas/AFP

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, justificó la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos hecha por su gobierno la víspera, primer paso para que se formalice en un año su salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

"Tenemos bastantes argumentos para justificar nuestra actuación, nuestro principio ético, nuestra conducta moral", dijo Chávez, que el 7 de octubre buscará en las urnas su tercer mandato consecutivo de seis años, en una rueda de prensa en un céntrico hotel de Caracas el martes.

La Corte IDH es uno de los pilares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, formado también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que forma parte de la estructura de la OEA.

El gobierno venezolano, que acusa al Sistema de ser "un brazo del imperio para agredir a Venezuela" y de apoyar a terroristas, ha amenazado en varias ocasiones con abandonarlo, e incluso ha arengado a otros países latinoamericanos a hacer lo propio.

A modo de ejemplo, Chávez recordó "lo último que hizo" la Corte IDH, con sede en San José, contra Venezuela: responsabilizar al Estado de "tratos inhumanos" a Raúl Díaz Peña durante sus seis años de reclusión en Venezuela por participar en los atentados con bomba contra sedes diplomáticas de España y Colombia en 2003.

"Ojalá algún día" haya una instancia "seria" de lucha por los derechos humanos, agregó el mandatario.

Un país puede salirse definitivamente de la Corte si denuncia la Convención, pero requiere de un año de preaviso, durante el cual puede seguir siendo demandado ante ese alto tribunal. En cambio, con la CIDH no hay otra opción que salirse de golpe de la OEA, la única organización continental que agrupa a 34 países en la actualidad y que mantiene en suspenso desde 1962 a Cuba.

Estados Unidos por su parte no ha ratificado la Convención, mientras que Trinidad y Tobago la denunció en 1998.

Tras comunicar la denuncia el lunes a la OEA, al gobierno venezolano le llovieron varias críticas de dentro y fuera del país.

El candidato presidencial opositor, Henrique Capriles Radonski, reaccionó el mismo lunes a través de Twitter: "El gobierno (...) no tolera decisiones de instancias internacionales que frenan sus abusos de poder", escribió en su cuenta en la red social.

El secretario general de la organización continental, José Miguel Insulza, y la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, instaron al gobierno a reconsiderar esta decisión, que podría "representar un serio revés para la protección de los derechos humanos en Venezuela y en toda la región", según ésta última.