Agustín Franco
Redacción Diario Co Latino

Muchas personas buscan el tal anhelado sueño americano, algunos logran cumplirlo, otras no. Sin embargo, los que llegan a residir en el país norteamericano no están exentos de ser deportados, pese a tener un permiso provisional, ante las autoridades competentes.
Jessica Margarita Martínez, una mujer de 37 años de edad, residió durante casi 26 años en Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde vivía junto a su esposo y sus cuatro hijos. Ella (Martínez) es originaria de  Usulután, donde vivió por casi once años.
En 1986 decidió irse de su tierra natal para buscar mejores oportunidades en el extranjero.
Tras dos décadas y media de vivir en Los Ángeles, Jessica se levantó un 3 de Febrero,  como todas las mañanas, a realizar las labores cotidianas de su hogar, sin pensar que estas se verían interrumpidas por  agentes policiales junto a funcionarios de migración.
Según Martínez, los agentes de migración le aseveraron que era un proceso rutinario. Los agentes se confundieron buscando  bolsas, las cuales, según ellos contenían drogas, pero, eran  obsequios para sus gemelos a quienes celebraría un día después su cumpleaños.
Los agentes policiales y de migración se llevaron a sus cuatro  hijos al departamento de niños en Los Ángeles, donde permanecieron custodiados, mientras que la pareja separadamente, se encontraba en migración rindiendo sus datos e información personal.
Durante el proceso de detención y deportación, Martínez, en estado de embarazo, fue objeto de violencia física y moral por parte de  los agentes de migración y aunque intentó denunciar el maltrato y agresión, no encontró dónde hacerlo. Luego buscó ayuda en el consulado Salvadoreño, donde fue atendida por los funcionarios salvadoreños.
Los consulados salvadoreños tienen la responsabilidad de orientar y brindar atención a cada uno de los compatriotas en el exterior, más sin embargo a Martínez en su problemática no le ayudaron.
La denunciante afirma que por el contrario los diplomáticos apresuraron la documentación respectiva para su deportación, sin realizar el debido proceso de investigación y obligándola, además, a firmar la documentación de deportada, a  pesar de encontrarse en estado grave dada las lesiones causadas por los golpes y por el estado delicado de su embarazo.
El 14 de Febrero (día del amor y la amistad) Jessica Martínez fue deportada hacia el país, lesionada y con un cuadro de alto riego por su embarazo. Un mes después de permanecer en el país perdió a sus bebés por la gravedad de los golpes que le propinaron los agentes de migración estadounidenses.
El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón cañas” (IDHUCA) Benjamín Cuéllar condenó  las acciones de las autoridades estadounidense y consulares de El Salvador, por lo que el IDHUCA denunció el caso a la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería y al Viceministro de Salvadoreño en el exterior, para promover un proceso de evaluación del servicio consular así como también una investigación, y deducir responsabilidades. A su vez pide una revisión a los procesos de deportación de EUA.
Asimismo, destacó la importancia de que en nuestro país existan oportunidades para que los salvadoreños no opten por irse al extranjero, evitando así que arriesguen sus vidas, en busca de oportunidades que aquí deben proveerles.
Así el IDHUCA marca un precedente mediante “la mano dura de la denuncia” para no permitir que se repita este tipo de situaciones. También debe haber “una mano amiga” para que las instituciones competentes brinden la atención adecuada a los compatriotas.
Gilma Pérez, Coordinadora del programa de migración del IDHUCA, explicó que interpondrán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con abogados estadounidenses, para promover el caso en Los Ángeles.
“Este no es un caso contra EEUU, sí no que es una responsabilidad compartida, ya que también este  caso  permite levantar una denuncia ante el gobierno Salvadoreño, sobre el mal servicio consular que se esta recibiendo contra la población salvadoreña en los Ángeles California, en donde se encuentra la mayor parte de compatriotas”, añadió.
Pérez, afirmó  que el caso es un total atropello a los derechos humanos de las personas “es una violación clara a la integridad física de las personas, dignidad y derecho”, sentenció.
Martínez, por su parte, afirma recordar quienes son los sus agresores y espera que se haga justicia, ya que “la demanda es contra dos funcionarios consulares y posiblemente contra algunos oficiales estadounidenses”.
La coordinadora del programa de migración aclaró que no daría mayor detalle con los nombres de los consulares para no entorpecer la investigación.
El IDHUCA investiga 20 casos en los que implica violación a los derechos de los migrantes, los cuales “lamentablemente pocos tienen un final porque los denunciantes se  resisten o se les cae el caso”.
Tras la separación de sus hijos y de su esposo, la deportada busca justicia y una reparación por el daño infringido y espera volver al lado de su familia.